La nueva resolución del Gobierno nacional para controlar la identidad varietal en granos y reforzar la protección de la propiedad intelectual abrió un nuevo capítulo en el debate por la Ley de Semillas. Desde Federación Agraria Argentina (FAA) cuestionaron el alcance de la norma y señalaron que todavía quedan puntos centrales sin resolver.
El Gobierno nacional oficializó un nuevo protocolo para el control de semillas, con el objetivo de fortalecer la trazabilidad del mercado agropecuario y proteger los derechos de propiedad intelectual sobre las variedades vegetales registradas. La medida habilita que las muestras tomadas en los primeros puntos de entrega sean analizadas por Cámaras Arbitrales y entidades privadas habilitadas por el INASE.
Sin embargo, desde la Federación Agraria Argentina, su presidenta Andrea Sarnari planteó fuertes reparos sobre la implementación del esquema. En comunicación directa con Agritotal, señaló: "No creemos que esta medida de control de previsibilidad, al contrario, genera más confusión, fracciona el sistema".
Además, sostuvo que "la nueva resolución deja muchas cosas por trabajar en todo el procedimiento de tomas de muestras, resguardos de las mismas, cargas, costos del sistema y quienes los deben pagar, y falta de garantías para el productor".
La dirigente también cuestionó que no estén definidos con claridad los alcances sobre el uso de semillas ya incorporadas por los productores. Y advirtió: "No queda claro, a pesar de lo que dice el gobierno, que va a pasar con las semillas que ya usamos, si se toman muestras o no, y qué pasa si se detectan anomalías".
Sarnari sostuvo que, durante la instancia de diálogo previa, FAA había realizado observaciones al texto original, pero que solo una parte mínima fue incorporada. En este sentido, afirmó: "La habíamos rechazado en el proceso de diálogo previo, pero el gobierno optó por avanzar igual".
Bolsa blanca y propiedad intelectual
Para la entidad, el problema principal no está en discutir únicamente nuevos mecanismos de control, sino en abordar la baja venta de semilla fiscalizada, especialmente en soja. Al respecto Sarnari remarcó: "Sostenemos que hay que hacer cumplir la ley y por ende controlar la bolsa blanca y la venta de esa semilla que no es fiscalizada, que es mucha".
En ese sentido, la presidenta de la entidad rechazó la idea de que en la Argentina no exista protección para los desarrolladores de variedades. Y afirmó: "Nuestra actual ley de semillas hoy ya contempla la protección de la propiedad intelectual del obtentor. Es falaz el relato de que hoy no tenemos protección de propiedad intelectual, y que desde ahora se va a empezar con eso".
En cuanto al planteo sobre el pago por tecnología, Sarnari sostuvo: "Otra cosa que no es cierto es que no se pague por esa tecnología. Si pagamos los productores cada vez que compramos una bolsa de semilla".
"Entendemos y compartimos la importancia de la tecnología, sabemos que la inversión en investigación debe ser remunerada, y aceptando pagar esa tecnología es que hacemos nuestras propuestas sobre semillas, sin negarnos al futuro, pero si negándonos al abuso de grandes empresas que quieren imponer condiciones innegociables", aclaró.
FAA pidió consensos, pero rechazó UPOV 91
De cara a una posible reforma más amplia, Sarnari no cerró la puerta a nuevas negociaciones, pero aclaró que esos acuerdos deben partir de un marco que contemple las condiciones reales de los productores. Sin embargo, la representante de FAA sostuvo: "Para nosotros, Upov 91 no es el camino y no resuelve el problema que hay hoy en Argentina. No es el camino porque abre la puerta al patentamiento y el control monopólico de toda la cadena agroalimentaria y de agregado de valor".
Para la entidad, una nueva ley debería apuntar a tres objetivos: incentivar la compra de semilla fiscalizada, asegurar que el obtentor pueda recuperar su inversión a través de más ventas formales y promover que la industria semillera produzca en Argentina con costos competitivos.
El costo productivo, la preocupación de fondo
Más allá del debate técnico y legal, FAA pidió que la discusión no pierda de vista la situación económica de los productores. En este sentido, Sarnari planteó que "lo que sí tenemos claro los productores es que no podemos seguir aumentando nuestros costos de producción, y que nada de lo que se está discutiendo pone en el centro esos costos".
Por último, la dirigente vinculó el debate semillero con el peso de la carga impositiva y el impacto sobre los márgenes. Y concluyó: "Seguimos con retenciones altas, seguimos con ingresos brutos, alta carga impositiva que obviamente influye en márgenes pequeños, negativos, y de manera directa eso se traduce en menos fertilización, menor posibilidad de acceder a tecnologías incluidas semillas".
La discusión por la nueva regulación de semillas puso nuevamente sobre la mesa la problemática de cómo ordenar el mercado y reconocer la innovación sin sumar controles, costos e incertidumbre para los productores. Para Federación Agraria, el desafío no pasa solo por fiscalizar mejor, sino por construir un esquema que incentive el uso de semilla legal, preserve el acceso a la tecnología y no profundice la presión económica sobre explotaciones que ya trabajan con márgenes ajustados.
