Durante la conferencia de prensa, el ministro de Producción y Desarrollo Sustentable de Salta, Martín de los Ríos, y el senador provincial por el Departamento Güemes, Enrique Cornejo, insistieron en la necesidad de que el Gobierno Nacional genere un marco equitativo para la industria tabacalera en el proyecto Ley de Bases y Condiciones que se encuentra en tratamiento en la Legislatura Nacional.
Esto, siguiendo los principios de libre mercado y competencia entre empresas, que son los principios rectores del Gobierno Nacional.
"La industria tabacalera viene desenvolviéndose desde el año 2017 en una situación de inequidad a partir de una serie de amparos que permitieron a una empresa no cumplir con el pago del Impuesto Interno Mínimo que nutría al Fondo Especial del Tabaco", explicó de los Ríos y agregó: "Esto facilitó que esta empresa se lleve el 40% del mercado en Argentina, en una competencia totalmente desleal".
El Impuesto Interno Mínimo está constituido por un monto fijo por atado de cigarrillos que tiene la doble función de ser base de tributación, agregando, entre otras cosas, más recursos al Fondo Especial del Tabaco, y a la vez desincentivando el consumo, tal como lo requirió la Organización Mundial de la Salud.
"Nosotros esperábamos que esa situación se resuelva a partir del apartado referido al Tabaco en el Capítulo Fiscal y nos enteramos anoche que se iba a eliminar ese capítulo del proyecto Ley de Bases y Condiciones que se discute en el Congreso Nacional", expresó con preocupación el titular de la cartera productiva salteña.
Esta situación de privilegio que viene sosteniendo Tabacalera Sarandí está perjudicando al sector tabacalero como Economía regional salteña, y a las más de 200 mil personas que están vinculadas directa o indirectamente a esa actividad.
Además, continuó el funcionario "afecta al erario provincial. Puntualmente al Tesoro Provincial salteño, calculamos que dejan de ingresar $6 mil millones por coparticipación del impuesto interno. A eso hay que sumarle lo que deja de percibir dentro del Fondo Especial del Tabaco, que son alrededor de $20 millones".
Por otro lado, esta situación afecta a Nación, ya que el precio más barato al que se venden los cigarrillos de la industria Sarandí, a partir del no pago del Impuesto Interno, repercute en la recaudación del IVA, que es un impuesto coparticipable para todas las provincias.
Por su parte, el senador Cornejo recordó que la dirigencia tabacalera, de la que él también forma parte, realizó distintas acciones tanto judiciales como administrativas para revertir este privilegio que se la ha dado a la Tabacalera Sarandí. "Incluso hemos marchado hasta Buenos Aires, en septiembre del año 2022, para repudiar un fallo concedido por la Justicia Federal que permitió a la empresa no tributar el Impuesto Interno".
Cabe recordar que anteriormente la Corte Suprema de Justicia revocó la medida cautelar que favorecía a Sarandí, entendiendo la premisa de la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, posteriormente, tribunales inferiores siguieron emitiendo medidas cautelares que favorecen a esta tabacalera.
"Con la llegada de Milei a la presidencia se abrió una esperanza, para las provincias productoras, de que esa situación irregular se revierta", enfatizó Cornejo.
Cabe destacar que el senador Cornejo denunció penalmente a un legislador salteño que hizo declaraciones ante medios nacionales justificando los fallos judiciales y el accionar de la empresa.
