La entidad considera que el impuesto, que en 2021 representó casi el 10% de la recaudación tributaria, es "inconstitucional". Para el Gobierno, el reclamo "no es válido"
La pelea entre el campo y el Gobierno por las retenciones se reavivó ayer con la presentación en la Justicia de la Sociedad Rural Argentina (SRA), y otras entidades agropecuarias en el interior, para exigir el cese del cobro de ese tributo a la exportación, que además consideran "inconstitucional".
A través de un recurso de amparo, que fue presentado en la Justicia Federal de Córdoba (y elevado junto a la Rural de Jesús María, "para poner en valor el federalismo"), la SRA expuso que las retenciones ya no son aplicables por no haberse prorrogado la ley 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva que en 2019 le permitió al Gobierno subir las retenciones a la soja del 24,7 al 33 por ciento actual.
Esa normativa le puso también un tope del 15 por ciento a los derechos de exportación del trigo y el maíz, que hoy tienen una tasa del 12 por ciento. Pero esa ley de emergencia que Alberto Fernández impulsó ni bien asumió venció el 31 de diciembre de 2021. Y aunque dos semanas antes el Presidente había establecido por decreto las alícuotas del impuesto para este año, en la Rural insisten en que esa decisión carece de sustento legal al no haberse aprobado en el Congreso el presupuesto 2022 que incluye la extensión de las retenciones hasta 2024.
"A nuestro modesto entender, al caerse la ley de emergencia y no aprobarse la ley de presupuesto, al no existir esos dos elementos a partir del 1° de enero las retenciones deberían ser cero", advirtió ayer el presidente de la SRA, Nicolás Pino, durante una conferencia de prensa que compartió junto a otros representantes de la entidad y de la Rural de Jesús María.
"Lo que hay que tener claro es que lo presentamos porque las retenciones son inconstitucionales y para que un tributo exista debe existir una ley que lo avale", subrayó Pino con un argumento que fue rechazado por el Gobierno.
Según lo consignado por la agencia estatal Télam, fuentes de la Casa Rosada aseguraron que "las medidas que se dictan en uso de facultades a ese momento siguen vigentes hasta que se derogan. Y eso no ha sucedido", por lo que consideraron el reclamo del campo como "no válido".
En tanto, el asesor legal de la Rural, Carlos Laplacette, precisó que "se decidió el inicio de una acción de amparo luego de un par de semanas de conversaciones junto con los abogados de la Rural de Jesús María y otras sociedades rurales del interior que posiblemente se sumen en este litigio" y que lo que se pretende con este instrumento es "obtener una solución integral" a partir del "cese del cobro de retenciones que afecta día a día a los productores".
En un párrafo siguiente, Laplacette planteó que "ante la finalización del plazo por el cual el Poder Ejecutivo podía fijar retenciones y ante la no sanción de la ley de presupuesto que preveía la prórroga de esa facultad extraordinaria, todas las medidas de emergencia tomadas al amparo de una ley de emergencia cayeron. Por lo tanto, a partir del 1° de enero de este año no existe una ley que justifique el cobro de retenciones y lo que se pretende con este tributo es que esa discusión se dé en el Congreso. Hasta que esa discusión no se dé, no es legítimo cobrar ni a los productores ni a ningún ciudadano argentino un impuesto que no tiene sustento en una norma aprobada por el Parlamento".
Una batalla millonaria
Se abre así una pelea que podría ser millonaria y que resulta clave para el Gobierno en su afán de conseguir dólares. El año pasado, el campo aportó 2,8 billones de pesos en impuestos, representando el 23,5 por ciento de los 11,9 billones que recaudó el Estado.
Según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario, uno de cada cuatro pesos salieron del agro y este año, pese a la sequía, las ventas por granos y derivados al exterior podrían rozar los 39.000 millones de dólares (ver aparte). En tanto que solo por la vía de las retenciones -motivo del litigio abierto ayer-, en 2021 el Estado recibió 861.093 millones de pesos.
"Nosotros lo que queremos es intentar dejar la emergencia y que tengamos previsibilidad sobre todo en estas actividades que necesitamos del largo plazo porque vemos que el largo plazo es esta noche y no hay mucha posibilidad de producir en esta línea.
Entonces hay que salir de la emergencia para que el Congreso trate lo que tenga que tratar y discutir en el ámbito que tenga que discutir", aportó el vicepresidente de la Rural de Jesús María, Eduardo Riera.
