Según el índice de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA) de cada $100 de renta que genera una hectárea promedio en Argentina, el Estado percibe $75, que se transforman en recaudación fiscal efectiva o en subsidios a otras actividades de la cadena al disminuir el precio de venta de los productos agrícolas. Este número surge de la participación del Estado en la renta agrícola para el mes de marzo de 2014, que es de 75%, medido como la sumatoria de los impuestos nacionales, impuestos provinciales y costos de intervención del mercado, sobre la renta de una hectárea de uso agrícola representativa promedio a nivel nacional.
Sobre la devaluación el informe económico expresó que en septiembre de 2013 el ritmo del peso argentino comenzó a acelerarse, produciéndose una devaluación acelerada pero gradual. En enero de 2014 el BCRA marcó un giro en la política cambiaria y pasó de una devaluación gradual a una devaluación fuerte pero puntual con una estrategia de estabilidad cambiaria que ha durado hasta el momento (principios de marzo de 2014). El proceso devaluatorio, en general, y la brusca devaluación de más del 15% en un día, el 23 de enero, han provocado importantes cambios en las estructuras de ingresos y costos de la mayor parte de los sectores productivos del país. Los sectores agropecuarios y agroindustriales, por ser transables, fueron de los que asistieron a los mayores impactos.
En relación a diciembre de 2013 se produjo una devaluación del peso con respecto al dólar del 25,6%; y con respecto a marzo de 2013 la misma fue del 55%. A este proceso devaluatorio se suma que los valores FOB (precio de referencia internacional) en dólares de los cuatro cultivos considerados en la elaboración del índice, que ocupan un 80% de la superficie agrícola del país, presentaron las siguientes variaciones con respecto a diciembre: Soja (+4%), Maíz (+11,2%), Trigo (5,7%) y Girasol (+4,4%).
Al efecto en los precios que generan la variación de los precios internacionales y del tipo de cambio, se suman en esta medición cambios en la estructura productiva, que continúa profundizando la caída del área cultivada con gramíneas y un movimiento ascendente en la media móvil de 5 años de los rindes que se utiliza como base para el cálculo del índice. Esta media móvil tiene por objetivo aislar los efectos meramente climáticos, pero al mismo tiempo captar los cambios productivos de largo plazo que se van sucediendo en la producción.
El efecto neto de estas variaciones fue un incremento del valor de la producción agrícola (VBP[4]) en pesos del 30,5% con respecto a la medición anterior y del 51,6% con respecto a igual periodo del año anterior. Sin embargo, si se mide en dólares, el efecto fue de +1,1% y -1,9%, respectivamente.
Por su lado, los costos de producción aumentaron en un 22,9% en 3 meses y 46% en 12, la razón está en que gran parte de los insumos están dolarizados y el hecho de que toda la economía ha evidenciado un rápido pass through de la devaluación a precios, esto es, un rápido aumento en los precios por el aumento del tipo de cambio. Al mismo tiempo, los costos totales, entre los que se consideran costos de comercialización, flete, administración y seguros, tuvieron un alza del 31,8% con respecto a diciembre y de 49,6% con respecto a marzo.
Un aumento del valor de la producción por encima del de los costos se traduce en una mejora del resultado de explotación, que mejoró en pesos un 6,9% con respecto a diciembre, mientras que cayó un 14,9% en dólares. Esta caída en dólares es resultado principal del incremento de los costos de intervención en el mercado por una ampliación de la brecha entre los precios teóricos (FAS) y los pagados (Disponible) del maíz y el trigo, del 4% y el 9% respectivamente.
Estos datos evidencian que si bien se produjo un importante aumento del valor en pesos de la cosecha por efecto de precio y tipo de cambio, que sin duda provocará un incremento de la actividad económica, principalmente en todo el interior productivo, no ha mejorado en términos reales la rentabilidad de la actividad agrícola en general. Los datos son menos alentadores si se consideran por separado los cultivo de maíz y trigo. El maíz presenta un resultado equivalente al 50% del de la soja aún cuando requiere una inversión un 60% mayor, si además se consideran los costos de intervención, se llega a una participación del Estado superior a la media, que se sitúa en el 76,3% de la renta del cultivo. Para el caso del trigo se observa un resultado por hectárea negativo producto de una caída del valor FOB y una distorsión negativa del 9% en el precio del Disponible, ello hace que el cultivo para el promedio del país sea sólo viable en campos propios. En este caso, la participación del Estado alcanza el 86,1% de la renta.
Estos datos ponen evidencia la razón de la caída en la participación del maíz y el trigo en la matriz productiva y resaltar la importancia de tomar medidas urgentes para revertir la tendencia. En el caso del trigo, los próximos meses son el momento ideal para implementar medidas como la eliminación inmediata de ROEs y Derechos de Exportación, ya que la humedad acumulada en el suelo tras las importantes lluvias de los últimos meses plantea un escenario productivo óptimo para que sea una excelente cosecha; y que las medidas tendrían un importante efecto en la intención de siembra de trigo para la campaña a iniciarse.
Por otra parte, un análisis de la evolución de la participación del Estado, los resultados y los costos, medidos en dólares, durante los últimos 7 años permite tener una visión menos distorsionada por la inflación y la devaluación del peso. Este análisis expresa claramente el ritmo de crecimiento de la participación del Estado por encima de los costos y la estabilidad en niveles bajos del resultado de explotación agrícola que rápidamente se convierte en negativo en situaciones climáticas adversas.
