El flujo logístico de la agroexportación argentina enfrenta un conflicto crítico. Bajo la consigna de que se trata de un "ataque a la economía nacional", la Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC) denunció que, mientras la mayor parte del país normalizó su actividad, un grupo minoritario de transportistas autoconvocados mantiene bloqueados los accesos a Puerto Quequén, tomando como "rehén" a una porción significativa de la exportación agropecuaria.
El origen del conflicto
Según informó la cámara, el paro comenzó el pasado 7 de abril, impulsado por transportistas de granos de Buenos Aires y Córdoba que reclamaban una actualización en las tarifas de referencia tras las subas en el precio del combustible. Si bien entre el 15 y 17 de abril la mayoría de las cámaras representativas acordaron nuevos valores que compensan los costos, el foco de conflicto persiste en la zona de influencia de Quequén.
Para la CPPC, este "estrangulamiento" ha provocado que las terminales se queden sin mercadería, dejando a más de 30 buques en espera (22 en Bahía Blanca y 9 en Quequén) para cargar entre 700.000 y 1,5 millones de toneladas de granos.
Impacto económico y tensión legal
En términos financieros, la imposibilidad de embarcar la mercadería ha retenido el ingreso de al menos USD 450 millones en divisas, junto con sus respectivos impuestos. Según indicaron desde la entidad, este bloqueo en el flujo de capitales impacta de lleno en la cadena de pagos y perjudica de forma sistémica a productores, acopios, cooperativas e industrias, lo que deteriora la competitividad del país.
La situación presenta, además, un fuerte componente de tensión legal y operativa. Mientras que en Bahía Blanca los autoconvocados depusieron su actitud y liberaron los accesos tras la intervención de las fuerzas de seguridad, en Puerto Quequén el conflicto se ha agudizado. La Cámara denunció que en este nodo portuario persisten prácticas intimidatorias y amenazas de represalias físicas contra otros transportistas que intentan trabajar, casos que ya se encuentran en manos de la Justicia.
El pedido a las autoridades
Ante la gravedad de la situación y las exigencias tarifarias que califican como "desproporcionadas", la CPPC solicitó de manera enfática la intervención de las autoridades nacionales, provinciales y del Poder Judicial. El objetivo es restablecer el orden y garantizar la libre circulación, poniendo fin a lo que consideran un uso ilegítimo de prácticas abusivas que lesionan a toda la cadena agroexportadora.
