El equilibrio de las cuentas públicas entró en una etapa más compleja para el Gobierno. Después del fuerte ajuste inicial sobre el gasto público, el sostenimiento del superávit comenzó a depender cada vez más de la recaudación, en un contexto en el que la agroindustria volvió a quedar condicionada por las metas fiscales.
El informe macroeconómico de CREA señaló que los planes de estabilización suelen tener a la moderación fiscal como uno de sus pilares, porque buscan evitar que el déficit, financiado con emisión o deuda, agregue volatilidad y deteriore la confianza en la moneda. Bajo esa lógica, el oficialismo convirtió al resultado fiscal en una de sus principales prioridades.
El recorte perdió margen
Al inicio de la gestión, el Gobierno redujo y licuó el gasto público del 19,6% al 15% del PBI. La baja alcanzó a casi todas las partidas, con recortes en infraestructura, jubilaciones, programas sociales, subsidios, salarios públicos y transferencias a provincias.
Ese proceso permitió alcanzar un superávit primario de 1,8% del PBI en 2024. En 2025, con el grueso del ajuste ya realizado, la reducción continuó con menor intensidad, equivalente a 0,44% del PBI.
Las prestaciones sociales mostraron una leve recuperación, principalmente por jubilaciones, mientras que los subsidios energéticos siguieron en retroceso. Así, el resultado fiscal primario volvió a ser positivo por segundo año consecutivo y alcanzó 1,39% del PBI.
Para 2026, el margen para seguir recortando aparece más acotado. Algunas partidas, como infraestructura y transferencias a provincias, se encuentran en niveles mínimos, mientras que una nueva reducción sobre jubilaciones requeriría una reforma avalada por el Congreso, con las dificultades políticas y sociales que eso implica.
A ese escenario se suman otros factores de presión como el encarecimiento del petróleo por la guerra entre Estados Unidos e Irán que impacta sobre el costo de la energía y reduce parte del efecto de la actualización tarifaria impulsada por el Gobierno. Además, el Fondo Monetario Internacional reclama un piso de gasto en programas sociales, especialmente en AUH y Tarjeta Alimentar, que deberían cubrir el 95% de la canasta básica.
La recaudación quedó bajo presión
Con menos margen para ajustar erogaciones, el sostenimiento del superávit empezó a exigir mayor atención sobre los ingresos. El año pasado, sin el impuesto PAIS, que representaba 1,1% del PBI, la caída de la recaudación tributaria impidió alcanzar un resultado fiscal más alto.
En 2026, aunque el crecimiento económico proyectado de 3% podría mejorar los ingresos, algunos sectores relevantes para la recaudación del IVA mostraron retrocesos. La industria y el comercio acumularon caídas interanuales de 2%, pese a representar el 29% y el 24% del IVA bruto, respectivamente. Además, según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), la reforma laboral tendría un costo anualizado de 0,47% del PBI.
Como resultado, la recaudación acumulada en los primeros cinco meses del año quedó 0,6% del PBI por debajo del registro del año anterior. Una vez distribuidos los recursos coparticipados, los ingresos tributarios del primer cuatrimestre de 2026 se ubicaron 0,45% del PBI por debajo de igual período de 2025.
Una baja moderada para el agro
En ese contexto, el Gobierno anunció una nueva reducción de los derechos de exportación. Para trigo y cebada, las alícuotas pasarán del 7,5% al 5,5% en junio de 2026. De acuerdo con el análisis de CREA, la baja de un impuesto distorsivo y discriminatorio es una señal positiva, aunque advirtió que se perdió la oportunidad de eliminarlo para esos cultivos con un costo fiscal mínimo, estimado en 0,04% del PBI.
Para la soja y sus subproductos, la reducción comenzará en enero de 2027 y será progresiva, a razón de 0,25% mensual. En maíz y sorgo, la baja será de 0,25% trimestral. Con ese esquema, la alícuota del poroto de soja finalizaría el año en 21%, uno de los niveles más bajos desde abril de 2002.
El costo fiscal de las reducciones sería de apenas 0,005% del PBI en 2026 y de 0,05% en 2027. Sin embargo, CREA remarcó que "si bien el Gobierno ha tenido constancia a la hora de reducir los derechos de exportación, el recorte anunciado fue de los más bajos hasta la fecha".
La decisión tuvo un impacto especial sobre el trigo, en un contexto en el que la guerra encareció fuertemente los fertilizantes, con una suba de 42%, ya que se trata de un insumo que representa alrededor del 40% de sus costos. Por eso, la eliminación total de retenciones habría permitido a los productores acceder a su precio completo de mercado con un costo fiscal prácticamente despreciable.
En pocas palabras, el Gobierno ató la baja de impuestos al agro al cumplimiento del equilibrio fiscal. Aunque el superávit acumulado es de 0,5% del PBI y la meta anual llega al 1,5%, la prioridad oficial sigue siendo cuidar las cuentas públicas, sostener la recaudación y avanzar con alivios tributarios de manera gradual.
