Según datos relevados por el Censo Nacional Agropecuario 2018, de las 256.881 explotaciones agropecuarias existentes, más del 63% corresponden a economías regionales, que continúan con serias dificultades para ofrecer sus productos al mundo ante los continuos cambios de normativas.
A eso se suman dificultades para registrar y desvincular trabajadores temporarios necesarios para la cosecha, altos costos energéticos y de tasas para acceder a créditos, y una falta de política tributaria regionalizada que contemple las asimetrías del interior profundo y el tamaño de las empresas.
Con estos planteos, más de 280 dirigentes agropecuarios de todo el país, representando a los pequeños y medianos productores, realizaron un plenario en la sede de la Confederación Argentina de la mediana Empresa (CAME), para elaborar medidas que permitan al sector recuperar rentabilidad y competitividad.
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"El gran desafío de Argentina es poder insertarse inteligentemente en el mundo con agroalimentos", señaló el titular de Economías Regionales de CAME, Eduardo Rodríguez.
En un repaso por los logros de la gestión, Rodríguez habló del adelantamiento del Mínimo No Imponible pedido por la entidad, la baja de derechos de exportaciones, el apoyo al proyecto de Ley de Góndolas que ya obtuvo media sanción (un instrumento decisivo no sólo para el consumidor, sino también para las pymes en función del comercio justo, buscando terminar con prácticas abusivas y posiciones dominantes que por muchos años tuvieron lugar) y la Ley de Emergencia Citrícola.
"La desburocratización del Estado, la apertura de nuevos mercados y la buena predisposición al diálogo son cosas que anhelamos que se mantengan y promuevan en el próximo gobierno", dijo y remarcó la importancia del Censo Nacional Agropecuario 2018 con estadísticas públicas confiables.
Además, el dirigente expresó el interés de que el sector pueda participar del "Consejo contra el Hambre" propuesto por el próximo gobierno.
Durante la jornada se analizaron los diferentes desafíos que debe enfrentar el sector para llevar sus productos todos los días a la mesa de los argentinos. Desde políticas laborales, un régimen tributario capaz de diferenciar por tamaño de empresa y región, incentivos a la inversión, extensión del Mínimo No Imponible a más actividades productivas, compensación de combustible para bajar el costo del flete, costos energéticos, retenciones y mayores reintegros a la exportación, suspensión del impuesto al cheque, un Plan de Conectividad para zonas rurales tendiente a federalizar el acceso a Internet, y seguridad alimentaria como política de Estado, fueron algunos de los ejes abordados.
