La provincia de Mendoza anunció este lunes que envió un proyecto de Ley para crear el Fondo Anticíclico Vitivinícola con un programa de cuatro años que estabilice el mercado de productos vitivinícolas y dé previsibilidad a la cadena de valor.
Para financiar este fondo, el Ejecutivo pide autorización para hacer uso de crédito público por un monto anual de $1.000 millones por ciclo agrícola, durante cuatro años. En total la toma de deuda será de $4.000 millones, con el objetivo de intervenir en el mercado, a fin de atender los desequilibrios en el sector vitinicola.
Por su parte desde la oposición, el bloque Justicialista envió otro proyecto de ley, solicitando la declaración en emergencia Económica y Social del sector vitivinícola de la provincia de Mendoza y autorizar al Poder Ejecutivo a reasignar las partidas presupuestarias de hasta cuatro mil millones para afrontar las siguientes medidas: compra de uva al productor que garantice un precio base superior al 30% del costo de producción informado por el Instituto de Desarrollo Rural o un mínimo de 7 pesos por kilo de uva Criolla, implementar líneas de créditos a tasa cero, Incrementar el subsidio de la energía eléctrica para riego agrícola entre otros.
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Desde Federación Agraria Argentina remarcaron que son acertadas tanto la iniciativa del Gobierno de Mendoza como la propuesta de la oposición. "Entendemos que en ambos casos se están ocupando de la situación, y por ellos solicitamos a los bloques del poder legislativo que resuelvan el tema por el bien del sector", aseguraron.
Desde la entidad confían en la buena voluntad del arco político y que, ante la grave situación, "deberían no entrar en el juego las mezquindades políticas para aprobar el Fondo". El camino, advierten, es hacia la recuperación y apertura de mercados para la exportación. Para ello, insisten en que es imprescindible sostener a los pequeños agricultores que "están a punto de abandonar sus fincas".
Finalmente, la entidad que lidera Carlos Achetoni remarcó que la mayor parte de ese presupuesto debe ser aplicado a la compra de uva para mosto y así descomprimir el mercado y hacer que las industrias salgan de su "zona de confort", esperando a los productores al momento de la cosecha con "ofertas totalmente leoninas", que van desde la elaboración con bajos litros por quintal hasta pagos en más de un año desde el mes de junio.
