Como en cada región del país, los productores del norte argentino afrontan la presión impositiva que incluye tributos tanto a nivel nacional, como provincial y también comunal. Impuesto a las ganancias, derechos de exportación, Bienes Personales, Ingresos Brutos, tasas viales, Impuesto Inmobiliario Rural, entre muchos otros son a los que se enfrentan.
Ante ese panorama, la Bolsa de Comercio de Rosario inició una simulación para determinar cuánto debe destinar un productor agropecuario. El estudio se enfoca en el cultivo de soja de primera en 300 hectáreas de campo propio en el NEA.
En la hipótesis que plantea la entidad, el hombre y/o mujer de campo que se ubica a 700 km de distancia de los puertos y/o fábricas del Gran Rosario, tiene elevados costos de transporte. A partir de esta base, se atreven a cuestionar qué pasaría si el sistema tributario tuviera un Único Impuesto a las Ganancias y se eliminara el resto de los tributos.
Por otro lado, los especialistas indagan sobre cuál sería la alícuota de ese impuesto único a las ganancias que permitiría recaudar la misma cifra que hoy todos los gobiernos cobran a través de múltiples impuestos.
Al respecto, afirman que todos los impuestos que paga actualmente el productor del caso tomado como ejemplo, equivalen a pagar un único impuesto a las ganancias del 77,5%, una cifra verdaderamente elevada -advierten- ya que la alícuota máxima para una persona física en este impuesto es de 35%.
Lo que también llamó la atención de los investigadores es la distribución del valor de esa producción entre los Estados (Nacional, Provincial y Municipal), los costos de implantación y el margen neto que le queda finalmente al hombre o mujer de campo.
En ese sentido, pudieron observar que el productor dueño de su campo, recibe por hectárea de soja sembrada un ingreso bruto de 611 dólares. Una vez que pagó todo lo que le corresponde se queda con 104 dólares. El Estado Nacional, Provincial y Comunal, recibiría- sumando todos sus impuestos y retenciones- aproximadamente 343 dólares por hectárea.
En definitiva, en la hipótesis planteada por la organización, la torta se repartiría así: un 40% recibe el Gobierno Nacional, provincial y comunal, 48% se afecta a los costos de implantación y comercialización de los cultivos, y cerca del 12% le queda al productor agropecuario. No se puede dejar de tener en cuenta -destacan- los riesgos del negocio que también impactan sobre el hombre y/o la mujer de campo.
