Una iniciativa presentada por el diputado bonaerense Pablo Juliano planteó excluir del nuevo régimen a los productores cuya actividad principal y exclusiva sea la cría vacuna. Ya que considera que la medida, que comenzó a regir a comienzos de este año, genera costos y exigencias operativas desproporcionadas para ese eslabón de la cadena.
El proyecto busca establecer un régimen de excepción frente al Sistema Nacional de Identificación Electrónica de Animales previsto por las resoluciones 530/2025 y 841/2025 del SENASA. La propuesta apunta específicamente a los establecimientos dedicados a la cría bovina, siempre que acrediten su actividad ante el organismo sanitario y cumplan con las obligaciones vigentes bajo el sistema tradicional.
Según el texto legislativo, los productores alcanzados no estarían obligados a aplicar dispositivos electrónicos de identificación individual, como caravanas electrónicas, microchips, bolos RFID u otros elementos similares. En cambio, podrían continuar utilizando caravanas visuales de CUIG y registros manuales o telemáticos, siempre que se garantice la trazabilidad mínima exigida con fines zoosanitarios.
La iniciativa también propone crear un Registro Específico de Productores de Cría Vacuna Exentos, a cargo del SENASA. Allí deberían inscribirse quienes quieran acogerse al régimen, con la obligación de mantener actualizados sus datos productivos, sanitarios y registrales.
El costo, en el centro de la discusión
El fundamento principal del proyecto es económico y operativo, ya que el documento sostiene que la identificación electrónica puede ser útil en esquemas con movimientos frecuentes o fines comerciales inmediatos. Sin embargo, la medida resulta menos justificada en predios de cría extensiva, donde los animales permanecen más tiempo en el establecimiento y la circulación es menor.
En los fundamentos, se advierte que cada dispositivo electrónico, compuesto por una caravana visual y un chip RFID, tendría un costo estimado de entre USD 1,50 y USD 1,70 por animal, sin contemplar gastos de colocación, reposición, lectores ni carga administrativa. Aplicado sobre más de 14 a 15 millones de terneros identificados por año, el proyecto calcula una transferencia superior a USD 25 millones anuales hacia proveedores de insumos.
Desde esa mirada, la obligación no mejoraría los índices productivos, no elevaría el precio de venta del ternero ni generaría un retorno económico directo para el criador. Por el contrario, sumaría presión sobre una actividad atravesada por ciclos largos, márgenes ajustados y alta exposición a riesgos climáticos, sanitarios, logísticos y financieros.
Qué dice la normativa oficial
La Resolución 530/2025 del SENASA definió las condiciones para aplicar la identificación electrónica en bovinos, bubalinos y cérvidos. Desde el 1° de enero de 2026, cada animal debe tener una caravana visual y un dispositivo electrónico, colocados al destete o antes del primer movimiento.
Después, la Resolución 841/2025 precisó cómo debe ser la implementación obligatoria. Según la norma, ningún ternero bovino o bubalino podrá moverse ni permanecer en el campo después del destete sin esa identificación. El sistema comenzará con los nacimientos de 2026 y se incorporará de manera gradual hasta alcanzar a todo el rodeo.
La misma norma dispuso que, desde el 1° de diciembre de 2025, quedará prohibida la comercialización de dispositivos exclusivamente visuales para bovinos, bubalinos y cérvidos por parte de los proveedores oficiales. Además, fijó exigencias de registro en SIGSA, asociación de los dispositivos a los movimientos mediante DT-e y posibles sanciones ante incumplimientos.
Una adopción voluntaria y revisable
El proyecto no elimina los controles sanitarios, sino que los productores eximidos mantengan registros adecuados y permitan auditorías del SENASA. De esta manera, los objetivos de sanidad animal puedan resguardarse sin imponer tecnología electrónica obligatoria en todos los casos.
La propuesta establece que la ley entraría en vigencia a los 30 días de su publicación y que su aplicación debería ser revisada por el Poder Ejecutivo, a través del SENASA, a los dos años. Esa evaluación debería medir los efectos sobre la sanidad animal y el comercio.
Mientras la política sanitaria busca avanzar hacia estándares más altos de trazabilidad, una parte de la producción advierte que la modernización no debería aplicarse con el mismo peso sobre todos los modelos productivos. Para la cría vacuna, el punto central será si la tecnología se convierte en una herramienta de mejora o en una nueva carga sobre el eslabón que inicia la cadena.
