La decisión del Gobierno nacional de dar por finalizado el Plan Estratégico Argentina Vitivinícola 2020 (PEVI) y eliminar el financiamiento de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) generó una fuerte reacción en la provincia de Buenos Aires. El ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, criticó duramente la medida al considerar que representa un "retroceso para toda la cadena" y una desarticulación de herramientas clave para el desarrollo del sector.
"Es lógico discutir mejoras en el funcionamiento de la Coviar y del PEVI, porque toda política pública puede perfeccionarse", sostuvo Rodríguez. Sin embargo, aclaró que "otra cosa muy distinta es decidir directamente desarmar una herramienta estratégica para el sector sin construir alternativas para el desarrollo vitivinícola".
El repliegue del Estado y el riesgo de la trazabilidad
Javier Rodríguez, ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires.
Para Rodríguez, la eliminación del PEVI no es un hecho aislado, sino parte de un achicamiento sistemático de organismos clave como el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). En este marco, recordó que este año se intentó eliminar el Certificado de Ingreso de Uva (CIU), herramienta vital para la trazabilidad y estadística, una medida que solo fue frenada por una cautelar impulsada por cámaras y entidades del sector.
Asimismo, la Provincia cuestionó el fin de programas específicos como el PROVIAR II (orientado a pequeños productores y financiado por el BID) y el recorte en el INTA, organismo con un rol histórico en el sostén de los Centros de Desarrollo Vitícola y los programas de Cambio Rural destinados a la asistencia técnica y extensión.
Números rojos en el viñedo
El diagnóstico del ministro se apoya en cifras que reflejan un deterioro acelerado. Según Rodríguez, bajo la actual política macroeconómica nacional, la cantidad de viñedos en producción se redujo en más de 2.000 unidades en los últimos dos años, una cifra que calificó como "alarmante".
La crisis no solo afecta a los productores primarios, sino también al eslabón industrial. Los datos del sector para el año corriente muestran una caída estrepitosa: actualmente funcionan 503 bodegas elaboradoras, frente a las 680 registradas el año pasado. Esta reducción del 25% se siente con fuerza incluso en Mendoza, el corazón del sector, que pasó de 478 a 374 establecimientos activos en apenas un año.
Un mercado que no alcanza
Desde el sector vinculan el cierre de establecimientos y la baja actividad a la combinación de caída del consumo interno, sobrestock de vino y mosto, bajos precios de la uva y dificultades de financiamiento.
"Cuando hay menos consumo, menos financiamiento y menos rentabilidad, la respuesta del Estado nacional no puede ser retirarse y dejar librada la actividad al mercado", sentenció Rodríguez. Para el ministro, la solución requiere mayor coordinación y acompañamiento público para sostener las economías regionales, asegurando que la eliminación del plan estratégico "va exactamente en el sentido contrario".
