El proyecto de Ley de "Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos" impulsado por el Gobierno nacional faculta en sus artículos 320 a 324 al Poder Ejecutivo Nacional (PEN) a generar un sistema de comercio de emisiones, y en referencia a ello desde la Mesa Carbono Forestal Nacional (MCFN) consideran "preciso contar con seguridad jurídica para atraer inversiones".
"Es necesario que un mercado regulado de carbono contenga normas que den claridad y certidumbre sobre aspectos clave para el desarrollo y comercialización de proyectos, como otorgar seguridad jurídica sobre propiedad o titularidad de los créditos de carbono generados por proyectos desarrollados en Argentina, facilitar su libre comercialización definiendo y delimitando el ámbito de intervención gubernamental, y garantizar la transparencia en las transacciones", explicó Juan Pedro Cano, coordinador de MCFN en un comunicado.
Agregó que "es preciso contar con seguridad jurídica para atraer inversiones que permitan desarrollar proyectos a distintas escalas y e impacto ambiental, social y económico, especialmente de captura y reducción de emisiones que puedan complementar modelos productivos actuales por parte de pequeños y medianos titulares de tierras, y traccionar proyectos de gran escala que probablemente no se realicen".
Según dicha entidad, en el país se desarrollan proyectos de carbono forestal desde hace más de 15 años en diferentes regiones y con distintos tipos de abordajes, y ya se registran proyectos por una superficie de más de 400.000 hectáreas (ha), casi 20 veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires (20.300 ha).
Si se implementan estos proyectos, podrían capturarse y prevenir emisiones por un total aproximado de 50 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2), más del 60% de la meta de reducciones de emisiones a 2030 establecida por la Argentina en su Plan Nacional de Bosques y Cambio Climático.
En este sentido, la Ley "Bases" da la facultad al PEN a asignar derechos de emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI) a cada sector y subsector de la economía compatibles con el cumplimiento de las metas para 2030.
Esto se haría mediante límites anuales y derechos de emisiones, al tiempo que se posibilita establecer un mercado de derechos de emisión de GEI, en el cual quienes hayan excedido su meta puedan, a su vez, vender los servicios a aquellos que los necesiten para lograr su objetivo y evitar la penalización.
Al respecto, Cano consideró que "tal como está hoy la Ley sólo se enfoca en sectores y actividades 'emisoras' pero no prevé la posibilidad de compensar con créditos de carbono provenientes de proyectos 'externos' a las actividades obligadas a reducir, como proyectos de carbono forestal o del agro".
"A nivel internacional, las iniciativas proactivas desde el Estado para el impulso de mercados de carbono 'regulados' han generado impactos interesantes no solo en reducción de emisiones, sino también en conservación, manejo sustentable y restauración de ecosistemas", abundó.
"La propuesta impulsada por el PEN busca promover límites y reducciones de emisiones de GEI, pero no prevé compensaciones de emisiones, lo cual es usual, al menos por un período de tiempo o hasta cierto porcentaje de las emisiones reguladas, de modo de dar previsibilidad y flexibilidad a los sectores obligados" apuntan desde la entidad.
En este sentido, la MCFN cree que la propuesta puede ser muy interesante no sólo para limitar y reducir emisiones de GEI, sino también para promover el desarrollo de proyectos de carbono en el país que puedan aportar a los procesos de reducciones de emisiones que se procura.
Para ello, -sostienen- "es necesario se incluya de manera expresa un mecanismo de flexibilidad para el cumplimiento de las reducciones de emisiones que se establezcan, mediante la posibilidad de presentar reducciones por créditos de carbono, por cierto período de tiempo o sobre un porcentaje de las emisiones a limitar y reducir".
