La iniciativa sobre inviolabilidad de la propiedad privada propone cambios en expropiaciones, desalojos rurales, tierras rurales, manejo del fuego y registros inmobiliarios. El proyecto genera expectativa en el sector agropecuario por su incidencia sobre la propiedad rural, la producción y la seguridad jurídica.
El Senado de la Nación comenzó a debatir el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa que introduce modificaciones de alcance sobre distintas normativas vinculadas a la propiedad, el uso de la tierra y la actividad agropecuaria, entre ellas la Ley de Tierras Rurales, la Ley de Manejo del Fuego y aspectos relacionados con la protección de los bosques nativos.
El texto legislativo busca reforzar las garantías sobre la propiedad privada, limitar criterios de expropiación y agilizar procesos judiciales vinculados a desalojos y ocupaciones. A su vez, incorpora cambios que podrían tener impacto directo en la actividad agropecuaria, forestal y productiva en distintas regiones del país.
Busca reforzar las garantías sobre la propiedad privada, limitar criterios de expropiación y agilizar procesos judiciales vinculados a desalojos y ocupaciones.
Uno de los capítulos más relevantes para el agro es el referido a la modificación de la Ley N°26.737 de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales. El proyecto redefine el objeto de la norma y elimina varios artículos centrales de la legislación vigente, entre ellos aquellos vinculados a límites de titularidad extranjera sobre tierras rurales. La iniciativa mantiene restricciones para la adquisición de tierras rurales por parte de Estados extranjeros o empresas controladas por gobiernos extranjeros, salvo autorización expresa de las provincias y del Poder Ejecutivo Nacional. Sin embargo, deroga artículos clave que establecían topes y restricciones generales para personas y empresas extranjeras. Desde distintos sectores agropecuarios consideran que los cambios podrían generar un nuevo escenario para las inversiones rurales y el acceso al mercado de tierras, aunque también abren el debate sobre el control estratégico del territorio y los recursos naturales.
Deroga artículos clave que establecían topes y restricciones generales para personas y empresas extranjeras
Otro de los puntos con incidencia directa en el agro es la modificación de la Ley de Manejo del Fuego N°26.815. El proyecto sustituye el artículo 22 bis y elimina el artículo 22 quater, introduciendo cambios en las restricciones aplicadas sobre campos y bosques afectados por incendios. La nueva redacción mantiene la prohibición de modificar el uso y destino de superficies de bosques nativos incendiadas, de acuerdo con las categorías de conservación establecidas por cada jurisdicción. Sin embargo, pone el foco en fortalecer mecanismos de prevención, control y restauración ambiental mediante planes de manejo del fuego, sistemas de vigilancia y coordinación interjurisdiccional. El texto también impulsa programas de restauración ambiental y medidas para combatir incendios intencionales, un tema de creciente preocupación en regiones productivas y forestales del país.
En paralelo, el proyecto introduce modificaciones al régimen de expropiaciones, estableciendo criterios de interpretación restrictiva sobre la utilidad pública y fijando mayores exigencias para justificar ocupaciones temporales de bienes privados. Además, incorpora cambios en los procedimientos judiciales de desalojos rurales y urbanos, habilitando mecanismos sumarísimos para acelerar restituciones de inmuebles en casos de ocupaciones irregulares. Para el sector agropecuario, estas modificaciones son observadas como parte de un intento de fortalecer la seguridad jurídica sobre la tierra y las inversiones productivas, especialmente en un contexto donde las cuestiones vinculadas al acceso a la propiedad, la producción sustentable y el manejo ambiental ocupan un lugar central en la agenda pública.
Incorpora cambios en los procedimientos judiciales de desalojos rurales y urbanos, habilitando mecanismos sumarísimos para acelerar restituciones de inmuebles en casos de ocupaciones irregulares.
El proyecto también moderniza aspectos registrales y digitales vinculados a los registros inmobiliarios, promoviendo sistemas electrónicos y herramientas federales para agilizar trámites y consultas sobre propiedades rurales y urbanas.
La discusión legislativa continuará en comisión y promete generar un intenso debate entre sectores productivos, ambientales y políticos debido al alcance de las modificaciones propuestas y su impacto potencial sobre el agro argentino.
