La guerra en Medio Oriente volvió a mostrar la vulnerabilidad global en materia de combustibles y energía. En ese escenario, la Argentina encontró una oportunidad para ubicar a los biocombustibles no solo como una alternativa ambiental, sino también como una herramienta estratégica para agregar valor al agro, reducir la dependencia energética y ordenar el mercado interno.
Este tema fue uno de los ejes del Congreso Maizar 2026, donde se debatió el futuro de los biocombustibles en el país y en la región. Allí también se presentó el Movimiento por la Transición Energética de la Movilidad, una iniciativa que busca construir consensos técnicos de largo plazo entre la agroindustria, las automotrices, el transporte y los fabricantes de maquinaria agrícola.
En uno de los paneles sobre la temática participó el secretario de Coordinación de Energía y Minería de la Nación, Daniel González, quien planteó que el mundo atraviesa un nuevo momento de shock petrolero, aunque con una particularidad para la Argentina. Según explicó, el país cuenta con Vaca Muerta, un recurso de "clase mundial" que compite con los mejores desarrollos de shale del mundo y que, en el contexto actual, gana valor por estar lejos de los principales focos de conflicto geopolítico.
De acuerdo con el funcionario, a ese escenario se suma un cambio en el clima de inversión bajo la gestión del presidente Javier Milei, orientado a convertir a la Argentina en un país "invertible". En ese marco, proyectó que la producción de petróleo y gas seguirá creciendo y estimó una balanza comercial positiva de 40.000 millones de dólares para el sector de hidrocarburos en los próximos cuatro años.
El nuevo marco regulatorio
Sin embargo, González aclaró que contar con más recursos no implica sostener precios artificialmente bajos. El funcionario advirtió que intervenir los valores internos para mantener el gasoil por debajo de la paridad de exportación "sólo genera escasez", como ocurrió en 2023. Por eso, remarcó que la política oficial es no intervenir y permitir que productores y refinadores ajusten los precios de manera gradual, sin provocar un traslado brusco sobre la demanda.
En ese marco, González fue categórico al señalar que existe un consenso generalizado en que "el marco regulatorio actual no da más" y debe ser modificado. El proyecto que impulsa el Gobierno, actualmente en la Cámara de Senadores, busca dejar atrás el esquema de precios y cupos definidos de manera discrecional por la Secretaría de Energía.
La iniciativa propone elevar los cortes obligatorios al 15% de etanol en las naftas y al 10% de biodiésel en el gasoil. En el caso del etanol de maíz, el funcionario subrayó que el aumento práctico sería de casi 50%, ya que la competitividad de esa industria le permitiría capturar buena parte del cupo adicional frente al etanol de caña.
En cambio, para el biodiésel, el proyecto contempla una transición gradual de cinco años. En este caso, González explicó que ese tratamiento diferencial busca proteger a las pequeñas y medianas empresas del sector, en una industria más compleja y con mayores costos relativos.
Competencia, precios y productores
El Gobierno no prevé por el momento subir el corte de biodiésel por encima del 10%. Según González, este combustible cuesta entre un 50% y un 100% más que el fósil, por lo que un aumento mayor encarecería directamente el gasoil y afectaría al transporte y a los productores agropecuarios.
La intención oficial es avanzar hacia un mercado más transparente, con operaciones spot y contratos a término. Bajo ese esquema, un productor de biocombustibles podría invertir en una planta con la seguridad de haber vendido su producción a un mezclador durante los próximos cinco años a precios de mercado.
El proyecto también abre la puerta a que provincias o consumidores particulares puedan ir más allá de los cortes obligatorios nacionales. Para eso, se plantea la creación de un mercado libre por encima de los mínimos fijados por la Nación, donde los biocombustibles puedan competir con la nafta o el gasoil tradicional sin imponer costos adicionales al resto de los consumidores.
Una oportunidad que excede a la Argentina
Desde una mirada internacional, el especialista en biocombustibles y energías renovables del IICA, Agustín Torroba presentó un escenario de fuerte expansión. Y definió a los biocombustibles como un mercado "infinito" para la producción local si se mira más allá de las fronteras nacionales. En esa línea, señaló que hoy 60 países mezclan etanol y que 7 de cada 10 litros de nafta en el mundo contienen este componente.
El crecimiento está liderado por grandes potencias agrícolas. Estados Unidos, un mercado 60 veces más grande que el argentino, autorizó recientemente el uso de E15 durante todo el año, una medida que moviliza casi 170 millones de toneladas de maíz. Brasil, por su parte, avanza con una estrategia más agresiva y analiza elevar la mezcla de etanol del 27% al 30%, e incluso al 35%.
En biodiésel, Torroba describió una dinámica de "dos velocidades". Mientras el FAME mantiene un crecimiento moderado de 2% a 3% anual, el HVO crece a tasas de dos y tres dígitos y ya representa el 30% del mercado total de biodiésel. En ese segmento, Indonesia avanza hacia mezclas del 50%, mientras Brasil planea subir su mandato un punto porcentual por año hasta alcanzar el 20%.
Otro punto clave es el uso de mezclas puras en maquinaria agrícola, una estrategia que Brasil viene trabajando con intensidad. Según el especialista, esta alternativa permitiría reducir entre 30% y 40% la intensidad de carbono del ciclo de vida del producto final, porque descarboniza la cadena desde el propio origen de la producción.
El especialista también puso el foco en los Combustibles Sostenibles de Aviación. Proyectó que, en los próximos 25 años, el mercado de SAF será equivalente a todo el mercado mundial actual de etanol y biodiésel.
La discusión de fondo es si la Argentina logra transformar su disponibilidad de maíz, soja, recursos energéticos y capacidades industriales en una política de movilidad de largo plazo. Allí, los biocombustibles aparecen como una herramienta concreta para conectar al agro con la transición energética, generar demanda interna y abrir nuevas oportunidades de agregado de valor.
