La medida fue formalizada a través del Decreto 1083/2024, publicado en el Boletín Oficial con la firma del presidente Javier Milei y todo su Gabinete. La normativa habilita nuevamente la ejecución de desalojos, suspendida durante casi dos décadas.
Fin de una normativa histórica
El decreto deroga el DNU 805/21, que había prorrogado por última vez la Ley 26.160, sancionada en noviembre de 2006, y que declaraba la emergencia territorial indígena. Esta ley había suspendido los desalojos y promovido el relevamiento técnico de las tierras habitualmente ocupadas por comunidades indígenas.
Según el Gobierno, la prórroga de la normativa había generado "inseguridad jurídica" y afectado los derechos de propiedad de los legítimos dueños, en contradicción con los artículos 17 y 124 de la Constitución Nacional. El artículo 17 garantiza el derecho a la propiedad privada, mientras que el artículo 124 otorga a las provincias el dominio originario sobre los recursos naturales en sus territorios.
En este sentido, el Ejecutivo argumentó que la prolongación de la emergencia territorial indígena había permitido situaciones que vulneraban estos principios fundamentales, generando conflictos legales y sociales que afectaron tanto a los propietarios privados como a las provincias.
El impacto en los desalojos y el derecho a la tierra
El decreto subraya que la suspensión de desalojos vigente durante la emergencia territorial indígena había generado un impacto significativo en los derechos de los propietarios legítimos y de las comunidades indígenas afectadas. Según el texto oficial, en muchos casos los desalojos paralizados dejaron a los dueños de las tierras en una situación de desamparo, obligándolos a vivir en condiciones precarias tras ser des
Además, el Gobierno argumentó que la falta de había permitido que grupos amparados en la normativa realizaran tomas de tierras de manera "abusiva", afectando tanto a ciudadanos legítimos como a otros integrantes de comunidades indígenas que no participarán en dichas ocupaciones. Esta situación no solo obstaculizó el desarrollo de inversiones y obras públicas, sino que también vulneró el der
El decreto plantea que, para garantizar un equilibrio justo, es necesario permitir a los propietarios ejercer plenamente sus derechos sobre las tierras afectadas y retomar las acciones legales necesarias para desalojar ocupaciones que, según el Gobierno, fueron realizadas en contra del espíritu.Críticas a la implementación de la emergencia
La derogación de la marca normativa un cambio significativo en la política territorial indígena, levantando críticas y preocupaciones entre comunidades y organizaciones defensoras de los derechos indígenas. Por otro lado, el Gobierno sostiene que la medida busca restaurar el equilibrio entre el derecho a la propiedad y la igualdad de todos los ciudadanos.
Con la entrada en vigencia de este decreto el 11 de diciembre, se habilita el avance de desalojos en tierras disputadas, lo que podría intensificar los conflictos territoriales en el país. El debate sobre el equilibrio entre derechos indígenas y propiedad privada vuelve a ocupar u
