Hoy , el Congreso empezará a tratar el proyecto de Ley de Aporte Solidario Extraordinario de las Grandes Fortunas o impuesto a la riqueza, en medio de críticas desde el mundo empresario y rural y luego de que al menos tres grandes empresarios -Marcos Galperin (Mercado Libre), Gustavo Grobocopatel (Los Grobo) y Federico Tomasevich (Puente)- decidieran mudarse a Uruguay y, con ello, dejar de tributar en la Argentina.
Además, aunque todavía ni fue debatida, desde el oficialismo ya anticipan que habrá una batalla legal contra la ley,como indicó este sábado Oscar Parrilli.
Principales aspectos de la ley
La norma grava a los bienes por más de 200 millones de pesos en el país o en el exterior con un 2%. La tasa sube a 2,25% para las fortunas de entre 300 y 400 millones; al 2,50% para los activos entre 400 y 600 millones y al 2,75% para la franja de 600 a 800 millones. La tasa llega al 3% cuando los patrimonios oscilan entre 800 y 1.500 millones; al 3,25% para quienes tienen de 1.500 a 3.000 millones, y a partir de esa cifra se abonará el 3,5%.
La iniciativa establece también que por el total de bienes en el exterior se tributará un recargo del 50% sobre la alícuota que le correspondiera; pero si la persona trae el 30% de las tenencias financieras que tiene declaradas afuera, el diferencial se elimina y paga por todo como si lo tuviera en el país.
El plan oficial es recaudar unos $ 300.000 millones, con una medida que llegaría a alcanzar entre 9.000 y 12.000 personas.
La recaudación de ese aporte se destinará un 20% a la compra y/o elaboración de equipamiento e insumos críticos para la emergencia sanitaria, 20% a las pymes, 15% a los programas para el desarrollo de los barrios populares, 20% a becas al programa integral de becas Progresar y 25% a programas de exploración y desarrollo de gas natural, a través de Enarsa, según establece el proyecto.
Para algunos especialistas, como Daniel Lejtman, del estudio Lisicki, Litvin y Asociados, la norma podría terminar siendo contraproducente y, en lugar de lograr una mayor recaudación para conseguir los necesitados fondos extra -el Gobierno estimó $ 300.000 millones- tener un impacto fiscal negativo. como consecuencia de la caída en las inversiones y el ahorro en el sistema financiero y un posible éxodo de capitales.
"La reciente experiencia con el impuesto sobre la renta financiera debería servir como ejemplo. Fue un gravamen que tuvo una concepción ideológica y era posible predecir su escasa eficiencia a la hora de la recaudación, sumado al hecho que su implementación derivó en una salida de capitales del mercado financiero que originó la primera corrida bancaria del año 2018", publicó el especialista en Clarín.
"Para quienes tienen su dinero o inversiones en el país, este nuevo impuesto sumado a lo ya pagado en bienes personales podría llegar al 4,75%; por los bienes e inversiones en el exterior, la tasa máxima es del 7,5%. Para ambos podría tornarse confiscatorio en comparación a los rendimientos de dichos activos, e incluso afectando en muchos casos el propio capital invertido", agrega Lejtman. Y critica que se graven bienes que para Bienes Personales están exentos, como los títulos públicos, los depósitos a plazo fijo y los inmuebles rurales, o las participaciones societarias.
El impuesto, además, sería incompatible con el blanqueo que quiere hacer el Gobierno para estimular la construcción. "Si le vas a cobrar más impuestos a los ricos, los ricos no van a blanquear dinero para invertir en construcción si ven que la presión impositiva contra ellos aumentará", explica otro analista, que prefiere el anonimato.
"En resumen -concluye-, el aporte recaudará poco (por judicialización), va a desalentar la tan necesaria inversión privada, es inconsistente con el programa económico de Guzmán, y no es una reforma impositiva de fondo".
