El Ministerio de Transporte de la Nación creó, por medio de una resolución publicada este viernes en el Boletín Oficial, un "Observatorio de Integridad y Transparencia de la Hidrovía Paraguay - Paraná".
El objetivo de este cuerpo será "velar por la observancia de la transparencia e integridad en el proceso de confección de los términos del pliego licitatorio, el llamado a licitación y la adjudicación del contrato de concesión (de la hidrovía), promoviendo la participación ciudadana y acción colectiva".
Cabe recordar que la concesión actual de la principal vía de salida de las exportaciones argentinas está por vencer y la continuidad del sistema ha sido tema de disputa, incluso dentro del propio Gobierno nacional.
La intención inicial, impulsada por el ala más "dura" del kirchnerismo, era estatizar completamente el sistema, lo que generó el rechazo del agro, tanto del campo como de la industria aceitera y cerealera ubicada en los márgenes del Río Paraná, en el Gran Rosario.
Ahora, el ministro de Transporte, Mario Meoni, anunció una licitación internacional en la que el Estado tendría más participación en el control de la concesión, pero no intervendría de manera directa.
El negocio es tentador: la actual concesionaria, Hidrovía SA (liderada por el grupo belga Jan de Nul junto a la argentina Emepa), facturó en los últimos años más de 200 millones de dólares anuales.
Para Córdoba, es muy importante el devenir de la hidrovía: por allí salen el 90 por ciento de sus exportaciones.
Alcances
En este contexto, el "observatorio" creado por el Ministerio de Transporte tendrá varias funciones, según consta en la resolución.
Entre otras: establecer una agenda y metodología de trabajo tendiente a convocar a los actores interesados en participar de la iniciativa, generar y promover espacios participativos donde se puedan canalizar los aportes de todos los sectores involucrados, y celebrar acuerdos de cooperación para la transferencia de conocimientos y buenas prácticas relativas a la gobernanza de proyectos de mega infraestructura.
También "dar intervención a la ciudadanía a través de la instrumentación de herramientas de participación ciudadana y gestionar canales de transparencia de toda la acción colectiva, promoviendo un real compromiso de integridad y transparencia", señala la normativa.
