La Justicia santafesina hizo lugar a un pedido de la firma Vicentin y la autorizó a reactivar sus plantas, que se efectivizará a través de un contrato a fasón con una empresa del mismo grupo familiar. La solicitud se formalizó a principios de mes dentro del expediente del concurso preventivo de la agroexportadora, en el marco de una novela que mantiene en vilo al mercado de granos desde antes que irrumpiera la crisis del coronavirus.
Según indicaron a Mirador Provincial desde la sindicatura, el pasado 8 de abril el juez Fabián Lorenzini -a cargo del Juzgado de distrito en lo Civil y Comercial de la 2° Nominación de Reconquista- dio luz verde al pedido de Vicentin, que lo elevó con la intención de realizar un contrato de fason para moler soja de Oleaginosa San Lorenzo (una compañía perteneciente a la misma familia, administradora de las instalaciones industriales de Vicentín en San Lorenzo).
Así las cosas, Vicentin ya tiene la habilitación formal para poder reactivar sus plantas, paralizadas desde diciembre pasado, cuando declaró el estado de cesión de pagos. La firma había intentado hacerlo antes, pero esperó a tener el concurso abierto para no correr riesgos de embargos. Si bien la estimación de los directivos era realizar el trámite en marzo, los tiempos de la Justicia son otros y generan un lógico aplazamiento.
En efecto, recién a mediados del mes pasado se publicó en el Boletín Oficial el edicto que versa sobre quiénes fueron designados como síndicos en la causa: los contadores Ernesto Norberto García, Diego Oscar Telesco y Carlos Julio Amut (los dos primeros con domicilios en la ciudad de Santa Fe y el tercero en la localidad de Gálvez). Por un acuerdo entre ellos, en Rosario la atención a los acreedores se realizará en el estudio Baravalle & Granados, ubicado en el piso 9 de la Bolsa de Comercio.
A propósito de la sindicatura, no se trata de un tema menor. Antes de que Lorenzini se declare competente y abra el concurso, hubo un fuerte lobby de profesionales del sur santafesino para que la causa se tramite en los tribunales rosarinos. Además de las complicaciones logísticas que puede demandar el traslado a Reconquista, hay un abultado fondo que será repartido entre estudios de contadores y abogados. Por ley de Concursos y Quiebras los honorarios para los funcionarios intervinientes pueden rondar entre el 1% y 4% del activo denunciado, lo que se traduce entre 1.000 y 4.000 millones de pesos.
Dudas en los tiempos
Más allá de los números y de cuándo efectivamente Vicentin volverá a poner a funcionar sus plantas, los tiempos que fijó inicialmente la Justicia en el marco del proceso siguen corriendo. Hasta el 9 de junio está vigente el plazo para la verificación de los créditos. Luego de ello, se abre una ventana de 30 días para impugnaciones y observaciones.
El 21 de septiembre, en tanto, los síndicos presentarán los informes individuales y el 18 de diciembre será el turno del informe general. Recién el 30 de junio de 2021 se realizará la audiencia informativa, mientras que una semana después se vencerá el período de exclusividad.
A partir de esa fecha podrán ocurrir los primeros pagos a proveedores, aunque ello podrá dilatarse aún más en función de la propuesta de pago que haga Vicentin en el marco del concurso. Desde la sindicatura igualmente descuentan que esos tiempos serán prorrogados, fundamentalmente por las restricciones que impone el coronavirus.
"De no haberse prorrogado la cuarentena, los plazos eran razonables, incluso podría decir que eran generosos. Hoy, con esta situación, se ponen en tela de juicio esos tiempos", graficó uno de sus integrantes.
