"Resurge la posibilidad del Estado Nacional de lograr su objetivo en defensa de las y los argentinos, es decir, sostener la unidad productiva evitando el desguace y fundamentalmente su protección", expresó la entidad través de un comunicado
La demanda civil es por alrededor de 25 millones de dólares y se suma a la convocatoria de acreedores y a las causas penales en curso, indicaron hoy voceros judiciales.
Miguel Moreno, fiscal de la Unidad de Delitos Económicos de Rosario, los imputó por el delito de balance falso en concurso real por defraudación y estafa en seis hechos cometidos contra bancos extranjeros.
El presidente Alberto Fernández prometió ayuda para la empresa que la semana pasada presentó convocatoria de acreedores con una deuda aproximada de US$1.500 millones.
Solicitaron al juzgado en el que se tramita el concurso de la agroexportadora la realización de una valuación independiente de los activos de la compañía.
Las entidades, que reclaman alrededor de U$S 500 millones en el concurso preventivo, quieren saber si la cerealera presentó "información financiera falsa para obtener créditos.
A través de su cuenta de Twitter, Fernández anunció que dejaba sin efecto el DNU 522/2020, firmado en el mes de junio, ante las imposibilidades de que el Estado pudiera "conocer cuál es el pasivo real de la compañía".
La fábrica de la localidad de Avellaneda, en Santa Fe, llevaba cinco meses parada. La reapertura es parcial y tuvo que ser autorizada por la Justicia ya que la compañía está en concurso de acreedores.
La Justicia habilitará el intercambio por email para algunos trámites y pondrá en línea un sitio web con información sobre el concurso que la firma pidió en febrero.
La firma había elevado una solicitud para celebrar un contrato de fasón con otra empresa del mismo grupo familiar a principios de abril. El juez del concurso dio el visto bueno.
Unos argumentan que en el norte provincial la agroexportadora tiene su domicilio legal; otros que es en el sur de la provincia donde están el grueso de sus acreedores y contratos firmados.
Se trata de Citrícola Salerno, con más de 50 años de actividad. La firma posee más de 180 cheques rechazados por una cifra que supera los 31 millones de pesos, con valores algunos de hasta 500 mil
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