Estamos en un año electoral. En las diferentes jurisdicciones argentinas se vienen muchas inauguraciones y reinauguraciones de obra pública. Lo que no todos saben es que buena parte del dinero destinado a ese propósito proviene directamente de los bolsillos de los empresarios agrícolas.
En los dos primeros meses de 2017 el equipo económico a cargo del Estado nacional transfirió a los gobiernos provinciales 8409 millones de pesos para realizar gastos de capital, de los cuales 2159 millones se originaron en el Fondo Federal Solidario, según datos oficiales del Sistema Integrado de Información Financiera (Sidif) del Ministerio de Hacienda recopilados por técnicos de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (Asap).
Es decir: en el primer bimestre del año los productores sojeros aportaron los recursos necesarios para financiar un 25% del presupuesto provincial de obra pública.
Otros 2262 millones de pesos -siempre considerando el primer bimestre de 2017- correspondieron a transferencias de la Nación a las provincias para realizar viviendas y desarrollo urbano, además de 855 M/$ del programa "Hábitat Nación", 753 M/$ para obras hídricas y 351 M/$ para infraestructura y equipamiento, entre otros ítems.
Los recursos del Fondo Federal Solidario se conforman con el 30% de lo que la Nación recauda en concepto de derechos de exportación de poroto, harina y aceite de soja. El decreto 206/09 dispone que los mismos se coparticipan entre todas las provincias para destinarse a "obras que contribuyan a la mejora de la infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda o vial en ámbitos urbanos o rurales, con expresa prohibición de utilizar las sumas que lo compongan para el financiamiento de gastos corrientes".
Los recursos del Fondo Federal Solidario (que más que solidario es forzoso) representan una suerte de "regalías sojeras" transferidas por las provincias de la zona pampeana al resto del país (algo que podría considerarse insólito porque las regalías petroleras o mineras, lejos de redistribuirse entre todas las jurisdicciones argentinas, son percibidas por aquellas provincias en las cuales se originan tales recursos).
