Productores quieren detalles acerca del bloqueo de vino

La vitivinicultura atraviesa uno de sus peores momentos y no encuentra los caminos para sobreponerse. La semana pasada diferentes entidades vitivinícolas unieron fuerzas para reclamar al Gobierno una serie de medidas que recompusieran el precio del vino y le dieran un respiro al sector productivo, pero no se lograron los resultados esperados.

Aunque el Gobierno respondió con rapidez, la solución propuesta no se acerca a lo pretendido por los demandantes. Ahora, los representantes vitivinícolas evalúan si llevar a cabo o no una manifestación que, en principio, estaba prevista para el próximo lunes pero en caso de ejecutarse sería re programada para otra fecha.

En los primeros días de la semana que viene, las entidades vinculadas al reclamo (Acovi, Centro de Viñateros y Bodegueros del Este, Aproem y Asociación de Viñateros, entre otras) se reunirán para evaluar la postura del Gobierno e intentarán comprender algunos puntos que resultan difusos y poco claros.

“Probablemente invitemos a algún representante del Gobierno para que explique una serie de detalles que no han sido informados”, reconoció Daniel Rodríguez, vicepresidente de la Asociación de Viñateros de Mendoza (AVM).

El pedido de los productoresEn primer lugar, los productores habían pedido una inyección de $ 500 millones para sacar de circulación unos 200 millones de litros de blanco escurrido y así fortalecer el precio del vino de traslado.

Con el mismo objetivo, se pidió que el acuerdo Mendoza-San Juan 2015 determinara un cupo obligatorio para mosto del 35%. Además, solicitaron que se bajaran los requerimientos para acceder a los créditos de cosecha y acarreo, dado que “no hay plata para levantar la uva”.

La respuesta no tardó en llegar, pero no cumplió ninguno de los reclamos de las entidades vitivinícolas. El Gobierno de Mendoza dejó en claro que no cuenta con $ 500 millones, por lo que intentó lograr los resultados pretendidos por los productores, pero de otra manera.

Para proteger el precio del vino, se decidió bloquear el 30% del vino existente y el 40% del vino que se elabore en 2015 para el mercado interno. El acuerdo Mendoza-San Juan dejaría de existir y se otorgaría una prórroga en los plazos para los créditos de cosecha y acarreo.

Por último, desde el Gobierno prometieron intentar que la Legislatura apruebe los famosos Títulos Vitivinícolas (TIVI), que fracasaron en su primer intento.

La solución propuesta por el Gobierno es diferente a la pensada por las entidades vitivinícolas y algo confusa para los directos interesados. Si bien no hay un rechazo rotundo a la iniciativa del Estado, tampoco hay aceptación manifiesta.

Eduardo Sancho, presidente de la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas (Acovi), explicó que “si se retiene un 30% del stock de este año y un 40% del año próximo, los productores se verán afectados, por que el mercado se estancará”.

Para él “no están claros los procedimientos para la liberación de vinos” y opinó que “no se encuentran motivos para pensar que la propuesta del Gobierno pueda mejorar la situación del sector vitivinícola”.

Por el contrario, Sancho considera que “no es conveniente el bloqueo”. Daniel Rodríguez, vicepresidente de AVM, también argumentó que “la retención de vino perjudica a los productores”.