Tras varias horas de intensas negociaciones en el Ministerio de Trabajo no se encontró una solución al conflicto en los puertos exportadores, que es llevado adelante por los trabajadores aceiteros y recibidores de granos, y que hasta el momento ha generado complicaciones en las exportaciones nacionales y en todo lo relacionado a la logística para trasladar la cosecha de trigo.
El paro, de acuerdo a la información aportada por el sector exportador, alcanza a 22 puertos, hay más de 18 buques sin poder cargar mercadería, y entre el miércoles y el viernes de la semana pasada cayó significativamente el ingreso de camiones a las terminales portuarias. Durante el último fin de semana un número importante de entidades de la cadena agroindustrial reclamaron una solución del conflicto.En datos duros, y con un malestar inocultable, las cámaras agroexportadoras estimaron en más de USD 800 millones las pérdidas desde que se activaron las medidas de fuerza gremiales.
Para la reunión en la cartera laboral entre las partes, monitoreadas por el ministro Claudio Moroni, se destacaron discusiones a voz en cuello, desde las 11 de la mañana hasta avanzada la noche.
La federación de aceiteros insiste en que su acuerdo paritario de abril -días después de decretado el aislamiento, "y sin haber detenido un solo día la actividad hasta la fecha"- ameritaba, de acuerdo con las actas firmadas, una revisión que nunca se hizo efectiva "por la negativa empresaria a ofrecer al menos un punto de incremento". Esa estructura gremial negocia en rigor del salario mínimo a fin de equiparar los incrementos de sueldo con equidad para todas las categorías.
Un dato vinculante en el escenario es que el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA,) del departamento San Lorenzo (Santa Fe) y que no integra esa federación, decidió continuar con la huelga por 24 horas, en la dinámica de analizar el escenario día por día para definir su plan de lucha. Es una de las tres patas sindicales que están pujando por lograr mejoras en sus acuerdos salariales de este año.
Las empresas reiteran que acumulan pérdidas por unos USD800 millones, perjuicios para la economía nacional y, en la misma tesitura, acusan a los sindicatos de mantener una "actitud de provocación".
Reinó la sensación térmica de debate elevado en tiempos de pandemia, por la extensión de la mesa de negociación y la cantidad de participantes que llevó utilizar un auditorio de la cartera laboral a efectos de preservar la distancia física entre los interlocutores.
La medida de fuerza comenzó el miércoles, impulsada por la Unión Recibidores de Granos (Urgara), al mando de Pablo Palacio, y la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines, cuyo secretario general es Daniel Yofra.
Ambos sindicatos traccionan en bloque, mientras que los aceiteros de San Lorenzo decretaron la medida de fuerza "coincidente" con el plan de lucha de las otras dos organizaciones, más allá de que los santafesinos "estructuralmente" no forman parte de alguna con sus pares.
En la Casa Rosada ya consideraron la fuerte merma en el ingreso de divisas y pérdidas a futuro, ya que la actividad en los puertos se redujo notablemente desde la semana pasada.
Desde los tironeos paritarios, los sindicatos, que habían reclamado la presentación de los balances de las empresas para certificar que sus contabilidades no les permiten otorgar mejoras, consideran haber logrado igual el cometido de verificación de fondos, cuando los empresarios reseñaron "públicamente" que las pérdidas por la huelga "llegan a USD100 millones cada 24 horas".
Y acotaron, también en términos políticos, "que las agroexportadoras buscan desgastar al Gobierno y utilizan a los sindicatos como vehículo".
