La crisis del sector yerbatero volvió a instalarse en el centro del debate político nacional luego de una extensa reunión realizada en la Cámara de Diputados, donde productores, cooperativistas, trabajadores rurales y autoridades del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) expusieron fuertes diferencias sobre las consecuencias de la desregulación impulsada por el Gobierno nacional mediante el DNU 70/23.
El encuentro se desarrolló en el marco del plenario de las comisiones de Economía y Economías Regionales, presididas por las diputadas Julia Strada y Luis Basterra, respectivamente. La discusión giró principalmente en torno a la pérdida de facultades del INYM para fijar precios mínimos de la hoja verde y la yerba canchada, herramientas históricas que habían sido establecidas por la Ley 25.564.
Durante la jornada, productores yerbateros advirtieron sobre un fuerte deterioro económico en Misiones y cuestionaron el impacto de la liberalización del mercado. Uno de los primeros expositores fue Ángel Ozeñuk, referente yerbatero del norte misionero, quien señaló que la eliminación de regulaciones dejó a los pequeños productores en una situación crítica. El dirigente comparó la evolución de los costos productivos y aseguró que en abril de 2023 un productor necesitaba vender apenas dos kilos de hoja verde para comprar un litro de gasoil, mientras que actualmente necesita más de 11 kilos. Además, sostuvo que muchas empresas crecieron gracias al trabajo de pequeños productores y advirtió que hoy "en lugar de ayudarlos les están quitando posibilidades de seguir produciendo".
En la misma línea, representantes de cooperativas recordaron la experiencia de desregulación de la década de 1990 y señalaron que aquella política derivó en una de las peores crisis de la actividad yerbatera. El gerente de Producción de la Cooperativa Agrícola Mixta de Montecarlo, Manfredo Seifert, afirmó que "el mercado no se ordena solo" y explicó que en la cadena yerbatera existe un fuerte desequilibrio entre productores e industrias. "La desregulación no generó un mercado más competitivo, sino más salvaje y concentrado", sostuvo.
Las advertencias no se limitaron al plano económico. Desde el sector sindical y municipios del interior de Misiones alertaron sobre consecuencias sociales cada vez más visibles. Ana Cubilla, representante del Sindicato Único de Obreros Rurales de Misiones, aseguró que numerosos trabajadores comenzaron a emigrar hacia Brasil en busca de mejores salarios y condiciones laborales. "Nos estamos yendo todos del país", expresó, y vinculó directamente la situación social con las medidas implementadas a partir del DNU 70/23.
Ana Cubilla, representante del Sindicato Único de Obreros Rurales de Misiones.
También el intendente de Concepción de la Sierra, Hugo Humeniuk, manifestó preocupación por la caída de la actividad económica en el sur de Misiones y advirtió sobre el aumento de la asistencia social en municipios vinculados a la producción yerbatera. "Ahora lo que estoy viendo es que se está volviendo a precarizar el trabajo", señaló.
Desde el Gobierno nacional y las actuales autoridades del INYM defendieron el proceso de desregulación. El presidente del organismo, Rodrigo Correa, sostuvo que al asumir encontró un instituto "sobredimensionado" y cuestionó el funcionamiento histórico del sistema de fijación de precios. Según Correa, los valores regulados actuaban como "un techo artificial" y generaban distorsiones en el mercado. Además, aseguró que tras la liberación de precios el valor del producto al consumidor registró bajas significativas. "El Instituto no volverá a implementar mecanismos de fijación o control de precios", afirmó.
Sin embargo, productores presentes en la reunión rechazaron esos argumentos y sostuvieron que la baja en góndola no se reflejó de manera real para los consumidores, mientras que el precio pagado al productor cayó de forma abrupta. La productora yerbatera Luisa Fleitas cuestionó además que las decisiones se hayan tomado "desde un escritorio" sin contemplar la realidad territorial de Misiones. "Misiones no es viable para cambiar de un día para el otro de actividad. Nosotros defendemos nuestra identidad que es la yerba", expresó.
En paralelo, sectores industriales y molineros respaldaron la desregulación y atribuyeron la crisis actual a una situación de sobreoferta y a distorsiones acumuladas durante años. El presidente de la Asociación de Productores Molineros de Corrientes, Joaquín Comas, sostuvo que el DNU 70/23 "no produjo el problema" y defendió el funcionamiento libre del mercado. Según afirmó, durante más de dos décadas el INYM impuso restricciones que afectaron la competitividad y no logró abrir nuevos mercados internacionales para la yerba mate argentina.
Mientras tanto, crecen los proyectos legislativos que buscan devolverle al INYM parte de las facultades eliminadas por el decreto presidencial. Legisladores de la oposición y representantes de Misiones impulsan iniciativas para restablecer mecanismos de regulación que permitan equilibrar la relación entre productores, secaderos e industrias. El conflicto refleja una discusión más profunda sobre el rol del Estado en las economías regionales y el impacto de las políticas de desregulación en sectores productivos donde predominan pequeños productores y cadenas altamente concentradas.
