Las economías regionales parecen confirmar aquella antigua idea del periodismo de que las noticias son las malas noticias: hoy, cuando están exhaustas, todo el mundo habla de ellas.
Manzanas tiradas junto a los árboles en Río Negro, donde la fruticultura supo ser la principal actividad económica; mandarinos talados en Entre Ríos para ser vendidos como madera; caña de azúcar que queda en pie en Tucumán y millones de kilos de uva que morirán en la vid, son algunas de las fotos de una película dramática, regida por la falta de competitividad de una macroeconomía signada por la inflación y la atadura del dólar, que agrava así la caída de los precios internacionales y las ineficiencias de infraestructura locales, y asfixia a vastos sectores agropecuarios lejanos a los puertos de exportación.
Resulta difícil entender por qué el gobierno no toma una medida sencilla, que no le provoca mayores costos: quitarles las retenciones a los productos regionales. De acuerdo con una estimación del economista Federico Muñoz, de la consultora FMyA, las retenciones a lo que no es soja ni productos del subsuelo constituyeron en 2014 el 0,4% del PBI.
En la misma línea, un trabajo reciente de la Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios (Copal), que engloba 34 cámaras industriales de alimentos y unas 2.000 empresas del sector, indicó que de los 84.000 millones de pesos que el sector de alimentos y bebidas aportó en concepto de retenciones en 2014, solo 308 millones de dólares (3%) provinieron de economías regionales.
Por otra parte, el sector está conformado por actividades que generan la mayor mano de obra intensiva, fundamentales en las distintas localidades. ¿Puede el gobierno pagar tanto costo político con tal de no dar el brazo a torcer?
Algunos casos. “Hace 15 años, había 10.000 productores de peras y manzanas; hoy son entre 2.800 y 3.000”, dijo Jorge Figueroa, de la Federación de Productores de Fruta de Río Negro y Neuquén. Por falta de capital de trabajo o inversión, muchos fueron cedieron sus tierras a otros. “Hoy las empresas están devolviendo la mayoría de las chacras alquiladas y no pueden trabajar la propia. Es frustrante no poder colocar la producción, se achicó la demanda porque no se tomaron los recaudos políticos necesarios, como tipo de cambio y mejoras de infraestructura”.
Para el dirigente, mientas los precios internacionales estaban altos, el valor del dólar se compensaba, pero al caer, el esquema dejó de funcionar. “En 2007, los costos de producción eran de 14 centavos de dólar. Hoy son de 32 centavos, y el precio de venta actual es 1,80 pesos, es decir, entre 15 y 20 centavos de dólar”, explica.
El panorama se complicó más por el freno de compras de Brasil por varios meses. “Tenemos un 25% más de stock y no lo podemos colocar, todo el mundo está desfinanciado, sin que nadie escuche” agregó. La fruticultura genera unos 70.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos.
“El productor vitivinícola no puede pagar nada más, ahora hay que podar y no tiene para continuar con sus labores culturales”, indicó Gabriela Lizana, de la Asociación de Productores del Oasis Este de Mendoza. Según la representante de viñateros, “muy pocas bodegas pueden continuar, en detrimento de los productores de las parcelas más chicas, artesanales. Se está dando una altísima concentración, es curioso que el modelo que habla de la inclusión excluya a esta gente”.
Lizana sostuvo que la solución a la actividad vitivinícola, que solo en Mendoza emplea directamente a unas 20.000 personas, no pasa por aumentar el mercado: “El mercado argentino es el 6º consumidor de vinos del mundo, y mucho no se puede desarrollar, porque de los 40 a 60 pesos que el consumidor paga el vino, al productor le pagan 3,00 o 2,50 pesos”.
Otto Gramajo, del Centro de Agricultores Cañeros de Tucumán, dice que en su provincia la caña, que emplea a 30.000 personas de manera directa, “va a quedar en pie: no podemos cosechar”. Para el dirigente, “el precio de la bolsa de azúcar no alcanza para pagar la cosecha y el flete, y esos que no pueden son los que están en la ruta”. Según Gramajo, “de los 6.300 productores que hay en la provincia, 4.100 tienen menos de 10 hectáreas, y otros 1.100 menos de 50 hectáreas, cuando la unidad económica mínima está en 250 hectáreas”.
Cómo organizarse. Los tres dirigentes participaron del plenario de economías regionales organizado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) hace unos días en Buenos Aires para decidir un plan de acción. Ya ningún político ignora las dificultades de las economías regionales y las gremiales empresarias se disputan su representación, desde las entidades de productores tradicionales (Sociedad Rural, CRA, Coninagro) hasta, por ejemplo, la Copal, que esta semana dedicó un gran espacio al tema en su 2° Jornada Nacional de Alimentos y Bebidas.
Pero el plenario de la entidad conducida por el histórico Osvaldo Cornide resultó un buen ejemplo de lo difícil que es articular distintas organizaciones, sobre todo cuando estas son de individuos que trabajan esencialmente en soledad.
El encuentro estrenó la nueva sede (un edificio espectacular en plena city porteña que hasta el año pasado fue de un banco). Agrupados por mesas estaban los representantes de distintas entidades del interior, que aprovecharon para contar sus problemas.
La dirigencia de Came se mostraba interesada en hacer una demostración de poder atribuyéndose la real representación de las economías regionales: “Hoy no hay un solo político en campaña que no hable de las economías regionales, y este es un trabajo que venimos haciendo en Came desde hace seis años. Hay que decirle a la sociedad argentina que acá en Came estamos verdaderamente las economías regionales, otras entidades no nos representan”, dijo Raúl Robín, coordinador de esta área de la gremial.
También Cornide fue por esa línea: criticó a las “organizaciones que nunca habían tenido interés más que en la Pampa húmeda y ahora de golpe les interesaron las economías regionales, pero no salen a criticar a las grandes cadenas, porque son socios”, dijo, sin ahondar en el tema. “¿Qué tienen que hacer un apicultor con un cañero o tabacalero? Cuanto más juntemos y presionemos, más demostremos que hay más gente trabajando, los políticos van a tener más atención hacia los reclamos”. agregó.
Los representantes de las entidades presentes, sin embargo, parecían más preocupados por volver con algo concreto para sus representados, aunque las propuestas eran de corte muy disímil. Mientras unos viñateros pedían con desesperación “una declaración de emergencia o lo que se les ocurra”, productores de legumbres del NOA proponían ir a un paro general de economías regionales. Alguien que pidió pasar cualquier medida de fuerza para después de las elecciones para que no se la tildara de política fue abucheado, mientras desde Chaco pedían subsidios por puerto seco, y fletes diferenciales y subsidiados, en vez de créditos.
En la misma línea intervencionista, apicultores pedían precios sostén porque “hoy las economías de mercado nos funden”.
Desde Misiones se refirieron al grado de conflictividad que va a haber en adelante, mientras que los cañeros de Tucumán pedían aval para hacer corte por toda la provincia “luego de seis meses reuniéndonos con el gobierno”.
Un productor de citrus de Tucumán se quejaba de que “el flete de una caja al puerto le cuesta casi como el del puerto de San Pedro a Europa”, y criticó las asimetrías de IVA (por las que algunos sectores pagan 21% de IVA al comprar pero venden a 10,5%) y las demoras de hasta más de un año de reintegros por exportaciones.
Un productor de flores pidió acelerar las gestiones porque ya cinco meses atrás se habían reunido y acordado temas y estos volvían a aparecer, y quería salir del encuentro con un documento firmado por todos, mientras otros pedían adherir al paro de las entidades de la mesa de enlace que se realizó esta semana. En tanto, productores de legumbres de Salta decían que no pueden esperar más, que “están en venta los campos, los tractores”, y que necesitan “financiación y previsibilidad”.
En cuanto a Santa Fe, Aldino Paduán, vicepresidente de la Unión Agrícola de Avellaneda, dijo que en el norte de la provincia la situación es desesperante, y pidió agregar el girasol al concepto de economías regionales. “Se van entre 80 y 100 millones de dólares por retenciones al girasol, y estamos gestionando esa plata de créditos”, enfatizó.
“Somos los que hacemos federalismo en serio”; “una medida de fuerza no tiene nade de golpismo, solo de realismo”; “nosotros no especulamos, no compramos a 2 para vender a 3”, se escuchaba entre las mesas. Pero las más frecuente era “no tenemos otro ciclo productivo”.
Finalmente, una comisión se retiró a elaborar un documento que no terminó de consensuarse, para decepción de muchos. Tampoco se resolvió en esa oportunidad adherir o impulsar institucionalmente una medida de fuerza, a la que la dirigencia de Came esquivaba por no tener 100% de garantías de acatamiento. Al menos, el encuentro sirvió de catarsis.
