Tras un debate de cuatro horas, la Cámara de Diputados convirtió en ley este jueves el marco regulatorio del cannabis medicinal y cáñamo industrial, un proyecto impulsado desde el Poder Ejecutivo, más precisamente desde la cartera de Desarrollo Productivo que conduce Matías Kulfas.
A las 21.44 el tablero marcó 155 votos a favor, 56 en contra y 19 abstenciones. Los defensores de la ley rescataron la intención de crear puestos de trabajo a través de la creación de una nueva industria, además de aclarar que no contempla la arista "recreativa"; mientras que algunos de los que se opusieron resaltaron que es una "puerta" hacia la legalización de la marihuana, y otros cuestionaron la creación de una agencia estatal que sumará más burocracia.
En la votación en particular, que llevó unos cuantos minutos, ningún artículo fue rechazado, pero sí varios de ellos sumaron un poco más de votos en contra en relación a la votación en general.
La norma había recibido media sanción del Senado en julio de 2021 y, en noviembre pasado, tuvo dictamen de comisiones en la Cámara baja, pero no llegó a tratarse en el recinto antes del recambio parlamentario. Aunque formaba parte del temario de extraordinarias tampoco se debatió en el verano.
Una de las mayores impulsoras de la norma, abrió el debate la porteña Mara Brawer (FdT), quien arrancó su discurso apelando a las palabras del general Manuel Belgrano en cuanto al desarrollo del cáñamo, tras lo cual destacó que luego de 200 años "estamos cumpliendo el sueño, con tecnología avanzada del siglo XXI" porque "ya no hablamos de velas, de telas, hablamos de cannabis medicinal, de niños con epilepsia, para adultos con dolores, para personas con problemas de sueño".
"Cuando hablamos del cáñamo industrial, hablamos de una variedad del cannabis que tiene la característica de tener muy poco contenido de THC, y eso hace que desde el 61' se excluya de la convención de estupefacientes. ¿Para qué sirve? Hacemos el marco de los lentes; con el cáñamo la fábrica de legos se comprometió a que los juguetes sean de plástico biodegradable hechos con cannabis", señaló.
Entre sus usos, la oficialista enumeró que con el mismo se pueden realizar autopartes; se puede utilizar como reemplazante de la fibra de vidrio, plástico; se puede hacer con sus semillas un aceite comestible que no provoca colesterol y suplementos dietarios; productos cosméticos, entre otros. "Son infinitos los usos que tiene esta planta. Esta ley es fundamental para personas desnutridas, adultas mayores con problemas de alimentación", insistió al resaltar sus cualidades.
"Todo se usa, desde la raíz, el tallo, las flores y hasta las semillas. Más de 25 mil productos al día están reconocidos en el mundo producto de esa planta", sumó Brawer, y agregó que es importante la ley porque "nace una nueva industria en Argentina; para eso la ley crea el marco regulatorio para el desarrollo productivo del cannabis medicinal y cáñamo industrial y crea una agencia federal en la órbita del Ministerio de Desarrollo Productivo integrada por representantes de salud, ganadería y agricultura, ciencia y de seguridad".
En ese sentido, explicó el interés de la creación de la agencia federal: "Porque la planta del cannabis necesita fiscalización del Estado nacional al estar abarcada por la ley penal de orden público. Además, su producción para exportación en el uso medicinal está regulada por organismos internacionales". "Las licencias van a ser para el cannabis medicinal y las autorizaciones para el cáñamo industrial", aclaró sobre una de las funciones de la agencia.
En su intervención, el radical Ricardo Bruyaile (UCR) explicó que "el proyecto tiene usos medicinales no fines recreativos", y recordó que en marzo del 2017 se sancionó "una ley que establecía el marco regulatorio para la investigación médica y científica del cannabis medicinal, pero resulta insuficiente para que llegue a la sociedad, para que las etapas de comercialización y producción con fines terapéuticos estén contempladas".
"No es el mejor proyecto", consideró el formoseño, aunque dijo que "es un paso adelante", ya que se está "apuntado a la salud pública para mejorarle la calidad de vida a miles de personas, porque hoy se consume aceite de cannabis en redes sociales y estamos exponiendo a eso a nuestra sociedad".
El presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería aclaró que "de ninguna manera estamos tratando en este Congreso al cannabis con uso recreativo, eso tiene que quedar descartado".
Con respecto al cáñamo industrial, el radical sostuvo que es "una industria que puede generar millones de dólares en exportaciones, nuevos puestos de trabajo en las provincias". Sin embargo, cuestionó que se le da "a la agencia la potestad de abrir agencias cuanto crea necesaria en un Argentina en estas condiciones. No estamos de acuerdo, no se pueden habilitar tantas agencias cuando considera".
"No entendemos cómo se excluyeron a las provincias, en la selección de representantes no están contempladas las provincias. Queremos que tenga un verdadero espíritu federal", enfatizó y propuso modificar la composición de ese directorio.
Buryaile sugirió, entonces, que tenga dos miembros en representación del Ejecutivo y tres por las provincias. "Hay provincias que están avanzadas en esto y queremos sumarlas. El Congreso debe seguir muy celoso que esta reglamentación no se desvíe".
A su turno, la entrerriana Carolina Gaillard (FdT) destacó el acompañamiento de investigadores, médicos y organizaciones, y recordó la sanción de la Ley 27.350 -de su autoría- que "fue un paso importante para desmitificar a la marihuana, para quitar prejuicios, y darle la legitimidad que la planta tenía. Es una planta que tiene muchos beneficios".
Sin embargo, criticó al gobierno de Cambiemos porque reglamentó la ley con un decreto de manera restrictiva y el cannabis era solo para personas con epilepsia refractaria. "Según el artículo 8 establecía que iba a haber un registro de cultivadores; no fue tal porque no se reglamentó. El artículo de laboratorios públicos nunca se reglamentó, por lo cual esa ley fue a medias", apuntó.
"Esa ley terminó frustrándonos porque las personas tenían que buscar el cannabis en otros lados, o cultivando en la clandestinidad porque estaba penado", expresó Gaillard. En ese marco, destacó el decreto 883 del presidente Alberto Fernández que "reglamentó nuevamente la ley para que haya un registró de cultivadores, ampliar las patologías, que se acepte que las farmacias realicen formulaciones magistrales".
Y cerró: "El cannabis cambia un montón de lógicas sociales, es una planta que nos viene a cambiar, incluso las fórmulas de los médicos. Estamos dando un gran paso con esta ley".
De la vereda de enfrente, el jujeño Gustavo Bouhid (UCR) recordó que en su provincia ya se produce aceite de cannabis para uso medicinal, pero advirtió que en el país hay cultivos "ilegales". Por otro lado, precisó que el cannabis tiene dos componentes puntuales, el THC y CBD, uno de ellos tiene que ver con el dolor y el otro con problemas neurológicos.
Al coincidir con su par Buryaile, la diputada Graciela Ocaña (Pro) cuestionó que "estamos creando un organismo de mucha crisis en la Argentina, una agencia regulatoria que crea una cantidad de estructuras que considero innecesarias, porque hay áreas del Estado que trabajan mucho en esto. ¿Es necesario crear esta estructura que no tiene participación de las provincias, que le otorgan facultades amplias sobre las que el Congreso no participará? No confío en dejar una política central en manos del Ejecutivo, de la producción y comercialización del cannabis. No puedo acompañar eso. Esto va a traer un gasto burocrático grande, el camino es otro, no creo que este proyecto venga a resolver problemas de salud".
En el mismo sentido se pronunció el neuquino Pablo Cervi (Evolución Radical), quien, en principio, destacó la importancia de generar un marco regulatorio, pero criticó que "no hay que caer en crear estructuras, no estamos en condiciones de seguir sumando gastos al Estado, ya tenemos serios problemas de pobreza e inflación". "También se habla de la creación de un gravamen que genera, por lo que no debería ser la Cámara de origen la de Senadores, sino Diputados", sumó.
Por el interbloque Federal, la diputada Graciela Camaño (Identidad Bonaerense) lanzó fuertes críticas al proyecto, ya que denunció que detrás del mismo hay "aspectos económicos de interés que inspiran la sanción". Además, calificó al Estado de "inepto" para combatir la problemática del narcotráfico.
"Las madres de los enfermos no nos piden crear la industria de la droga, sino que cambiemos la Ley de Salud Mental para que los jóvenes puedan ser tratados, porque el Estado no lo hace. El Estado nacional no tiene política contra la salud mental, ni contra las adicciones, ni el narcotráfico", enfatizó.
También en contra, el jefe del interbloque Provincias Unidas, Luis Di Giacomo (Juntos Somos Río Negro), opinó que con esta ley "lo que estamos haciendo es abriendo la puerta a la legalización de la marihuana y a un negocio extraordinario", porque aseguró que "detrás de esta marea legalizadora hay poderosísimos intereses internacionales".
"Yo no hablo desde la moral ni desde la religión, ni desde ideas de derechas o izquierdas; yo hablo desde la problemática de la salud en la Argentina, que nos está diciendo que cada vez tenemos más adictos para los cuales no tenemos un sistema de atención", remarcó, al indicar que en Uruguay o algunos estados de Estados Unidos que legalizaron la marihuana, "se quintuplicó la cantidad de consumidores de marihuana".
Desde la izquierda, Romina Del Plá (FIT-PO) expresó: "Apoyamos la ley de regulación del cannabis, porque consideramos que es un paso hacia la flexibilización de la nefasta Ley de Drogas vigente; y es un escalón más para pelear por la legalización de la marihuana y la despenalización del consumo".
El resultado de la votación en general. (Foto: HCDN)
A su turno, el jujeño Jorge Rizzotti (UCR) anticipó su voto a favor al sostener que a partir del 2017 con la sanción de la Ley 27.350 iniciamos en el país un proceso "con el desarrollo del cannabis como respuesta necesaria en el área de salud, pero también desde el punto de vista del desarrollo de economías regionales".
A su vez, enumeró los motivos por los cuales es necesaria la ley: "Existe un desarrollo industrial y comercial del aceite, porque la diversidad productiva del territorio así lo exige, porque hemos empezado un camino de construcción de conocimiento en salud, pero porque la tendencia mundial insta a la Argentina a ser protagonista en eso". "Esta ley podría haber sido tratada el año pasado y avanzar mucho más, pero esta ley no es la ideal, es la que se puede. Hay una intervención por parte del Estado que no es ideal, tampoco la falta de participación de las provincias es ideal", observó.
No obstante, el diputado que responde al gobernador Gerardo Morales, interesado en la ley, manifestó que "es importante avanzar porque el mercado del cannabis medicinal estima una proyección de más de 170 mil millones de dólares; debemos poder mirar el territorio y dar la posibilidad del desarrollo del país".
Contrariamente, el porteño Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos) ratificó su postura en contra por "razones de orden federal, porque no pueden iniciarse impuestos en el Senado y esa tasa tiene todas las características de un impuesto. No avalo una estructura burocrática en un país que está quebrado".
"Nosotros tenemos que buscar soluciones que no impliquen estos costos, no podemos tener estructuras burocráticas federales, provincias y locales. Tenemos que partir de la realidad económica del país. La idea de subir impuestos, de blanquearlos, acá otra tasa más, más un organismo burocrático de gran magnitud, no lo comparto", añadió el economista liberal, en relación a que la agencia que se crea podrá determinar una "tasa de fiscalización y control que anualmente abonarán los sujetos alcanzados por la ley, así como su metodología de pago y recaudación, cuya cuantía será de hasta el cinco por mil del importe facturado", según indica el artículo 7.
En el tramo de los cierres, el jefe de la CC-ARI, Juan Manuel López, aseveró: "No entendemos por qué la creación de una agencia autárquica, más allá de que algunos dicen que es por un compromiso internacional, o el Consejo Federal, o las competencias que tienen las provincias". "Estamos frente a una sustancia prohibida, que pasa a ser una sustancia controlada, porque tiene algunos usos lícitos", señaló y, en ese sentido, dijo que "hay organismos que ya controlan sustancias".
También se quejó de que el proyecto "no tuvo giro a la Comisión de Salud, y podría haber tenido giro a la Comisión de Legislación Penal, porque en alguna medida modifica la Ley de Estupefacientes".
A cargo del cierre del debate, el jefe del Frente de Todos, Germán Martínez, defendió que esta ley "puede abrir un sendero de producción, de generación de valor agregado, de creación de empleo, y empleo de calidad y federal". "Nunca es fácil arrancar un camino de estas características", reconoció, pero resaltó que "muchas provincias que ya vienen desarrollando iniciativas al respecto".
"Estamos ante una enorme oportunidad en un país que, con todas las contradicciones que tiene nuestro presente, tiene también oportunidades de desarrollo productivo, crecimiento, generación de empleo, inclusión y distribución del ingreso que yo creo tenemos que aprovechar", continuó.
Al afirmar que entendía las "dudas" planteadas por algunos de sus pares, el santafesino se comprometió pedir al Poder Ejecutivo que "en la reglamentación podamos ser muy estrictos en tres principios que se escucharon: el principio de la idoneidad de todos aquellos que integren la agencia; la austeridad en la administración de la agencia, lejos estamos de querer plantear una superestructura burocrática; y garantizar en esa conformación que el principio de federalismo esté presente en todas las instancias".
Puntos centrales de la nueva ley
La flamante ley, impulsada desde el Poder Ejecutivo, crea un marco regulatorio de la cadena de producción y comercialización nacional y/o con fines de exportación de la planta de cannabis, sus semillas y sus productos derivados afectados al uso medicinal, incluyendo la investigación científica, y al uso industrial; promoviendo así el desarrollo nacional de la cadena productiva sectorial.
La norma contempla la creación de una Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), como organismo descentralizado que funcionará en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Productivo, con autarquía administrativa, funcional, técnica, y financiera, con jurisdicción en todo el territorio nacional.
Será el organismo competente para reglar, controlar y emitir las autorizaciones administrativas con respecto al uso de semillas de la planta de cannabis, del cannabis y de sus productos derivados. Entre sus múltiples funciones, podrá instalar delegaciones regionales o provinciales para agilizar el efectivo cumplimiento de la ley en todo el país.
Al momento de analizar las solicitudes de licencias para producir cannabis medicinal o industrial, la ARICCAME establecerá los requisitos y antecedentes que se solicitarán al o a la peticionante, con el fin de maximizar los controles destinados a prevenir actividades ilegales, incluyendo el lavado de activos. En ese sentido, resultará necesario y relevante un modelo de articulación conjunta entre varios organismos públicos cuyas competencias se encontrarán coordinadas.
En el otorgamiento de las licencias/autorizaciones, la ARICCAME contemplará muy especialmente el propósito de contribuir al desarrollo de las economías regionales y de promover la actividad de cooperativas y de pequeños y pequeñas y de medianos y medianas productores y productoras agrícolas y se atenderán asimismo las perspectivas de género y diversidad.
También, se prevé que la ARICCAME deberá acuñar normativa conjunta y/o generar convenios de cooperación con el Banco Central, la Comisión Nacional de Valores, la AFIP, la Superintendencia de Seguros de la Nación, la IGJ y la UIF.
Por otra parte, se contempla un régimen sancionatorio por incumplimientos a las disposiciones y/o a las reglamentaciones que en su consecuencia se dicten, con sanciones que van desde el apercibimiento, la multa, la suspensión de la autorización para desarrollar la actividad, la caducidad de la autorización, y la inhabilitación para operar en los plazos previstos en la reglamentación.
Entre los cambios que incorporaron cuando se dio media sanción en el Senado, se agregó la creación de un Consejo Federal para el Desarrollo de la Industria del Cáñamo y Cannabis Medicinal, que estará constituido por un representante de la Nación y uno por cada provincia y por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quienes cumplirán funciones de manera honoraria.
Dicho Consejo Federal se reunirá mensualmente, en sesiones ordinarias. Por razones de urgencia podrá ser convocado a sesión extraordinaria por la ARICCAME o a requerimiento de, al menos, el 40% de los integrantes. Fijará su asiento en sesión plenaria con la asistencia de por lo menos dos tercios de los miembros y elaborará sus recomendaciones por mayoría simple de los miembros presentes.
