El pasado 5 de abril finalizó la vigencia de la Ley Nacional Ovina y existe inquietud entre los productores de todo el país porque no se avizora en lo inmediato el tratamiento parlamentario para su renovación, a pesar de que existen diversos proyectos a tal efecto.
En este sentido, desde la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER) manifestaron su preocupación, ya que, si no se aprueba otra ley similar en los próximos meses, «los productores ovinos no tendrán el financiamiento que tanto ha servido para la recuperación de las majadas, el mejoramiento de la genética y la promoción del consumo», afirmaron.
Según FARER esta ley «presenta interesantes beneficios por lo que sería un pecado enorme que el gobierno nacional no comprendiera los enormes perjuicios para la producción, el empleo y el país que significaría no dar tratamiento legislativo a este tema. Esta ley es tan federal como la producción ovina y se adapta a los distintos tipos de explotación de cada región. Además, provoca arraigo, mano de obra permanente, fortalece las economías regionales y genera divisas. No debería tener objeción alguna», remarcaron.
Puntualmente, la extinta Ley 25.422 para la Recuperación de la Ganadería Ovina, está destinada a lograr la adecuación y modernización de los sistemas productivos ovinos que permita la sostenibilidad a través del tiempo y consecuentemente, impulsa el mantenimiento de las fuentes de trabajo y la radicación rural.
Asimismo, esta Ley fomenta la explotación de la hacienda ovina que tenga el objetivo final de lograr una producción comerciable ya sea de animales en pie, lana, carne, cuero, leche, grasa, semen, embriones u otro producto derivado, y que se realice en cualquier parte del territorio nacional, en tierras y en condiciones agroecológicas adecuadas.
Entre los objetivos se cuentan el aumento de ingresos netos y valor agregado; el desarrollo de recursos humanos; la mejora del status sanitario de las majadas; el aumento de la facturación global del sector; conservar y mejorar los recursos naturales involucrados; la mejora en la calidad de todos los procesos y aumentar el stock ovino; entre otros.
«Sin fondos resulta imposible sostener la promoción del sector ovino, una de las economías más federales que tiene el país porque su producción se lleva a cabo en todas las provincias argentinas», afirmaron desde FARER, al tiempo que señalaron que «es extraño que no se le dé impulso al tratamiento de esta ley, ya que se venía trabajando desde aproximadamente un año entre distintas entidades y sectores políticos y existían consensos. Es más, se habían incorporado al debate aspectos que tal vez antes no estaban tan presentes como bienestar animal, cuidado de los pastizales, producción sustentable y amigable con el medio ambiente y mejoras en la productividad. Eso hace más inexplicable que hoy no esté en la agenda. Esperemos que no se trate de una nueva embestida ideológica contra la producción y el campo argentino», finalizaron.
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