La provincia de Entre Ríos puso en marcha un nuevo marco regulatorio para el uso y manipulación de fitosanitarios. Se trata de la Ley 11.178, una normativa que, según la secretaria de Agricultura, Ing. Agr. Carina Gallegos, apunta a "asegurar una mayor protección al ambiente y a las personas", al tiempo que fortalece la trazabilidad y la profesionalización de toda la cadena.
Apunta a "asegurar una mayor protección al ambiente y a las personas", al tiempo que fortalece la trazabilidad y la profesionalización de toda la cadena.
Gallegos detalló que la ley establece la obligatoriedad de registro para diez tipos de actores vinculados a la actividad, quienes deben estar "inscriptos, habilitados y capacitados". En ese sentido, subrayó que el objetivo es garantizar "la mayor trazabilidad posible en el uso, en la aplicación, en la venta y en el transporte de fitosanitarios".
La funcionaria remarcó que el nuevo esquema normativo es más exhaustivo que el anterior, tanto en los requisitos generales como en los específicos. Además, incorpora controles tecnológicos y presenciales. "Hay actividades que tienen que estar sumamente controladas, en algunos casos de manera tecnológica y, en otros, con supervisión directa del asesor fitosanitario, que es quien vela por el cumplimiento en el lugar", explicó. Este profesional, agregó, cumple un rol clave en la verificación de condiciones meteorológicas, regulación de equipos y cumplimiento de aspectos críticos como los períodos de carencia, el estado de los cultivos y las distancias de aplicación.
"Hay actividades que tienen que estar sumamente controladas, en algunos casos de manera tecnológica y, en otros, con supervisión directa del asesor fitosanitario, que es quien vela por el cumplimiento en el lugar"
De una ley productivista a un enfoque integral
Consultada sobre las diferencias con la normativa anterior, Gallegos señaló que aquella tenía "un enfoque más productivista", acorde al contexto en el que fue creada. Sin embargo, destacó que fue una ley pionera en el país. Con el paso del tiempo, explicó, surgieron nuevas demandas sociales, avances tecnológicos y mayor conocimiento, lo que derivó en la actualización del marco legal. Entre los principales cambios, mencionó la incorporación de los drones como herramienta de aplicación, inexistente en la legislación previa.
Otro punto central es la segmentación de áreas sensibles en cuatro categorías, según la presencia permanente o transitoria de personas. A partir de esa clasificación, se establecen zonas de exclusión y de amortiguamiento, con restricciones específicas.
En las zonas de amortiguamiento, por ejemplo, solo se permite el uso de productos de menor toxicidad, además de exigir el cumplimiento de condiciones adicionales. "La protección al área sensible es superior", sintetizó.
Distancias, recetas y buenas prácticas
Las distancias de exclusión varían según el tipo de aplicación -mochila, terrestre, aérea o dron- y el área a proteger. Esta combinación determina los límites operativos, que están disponibles en formato gráfico en la web oficial. A su vez, Gallegos recordó que toda aplicación debe realizarse con productos registrados ante el SENASA, contar con receta agronómica obligatoria y cumplir con los protocolos de buenas prácticas.
Las distancias de exclusión varían según el tipo de aplicación -mochila, terrestre, aérea o dron- y el área a proteger.
Drones: licencia obligatoria y foco en la seguridad aérea
Uno de los puntos más novedosos de la ley es la regulación del uso de drones en aplicaciones fitosanitarias. En Entre Ríos, los operadores deben contar no solo con el carnet de aplicador, sino también con licencia de piloto. "Creemos que la seguridad tiene que ser integral", afirmó Gallegos y amplió: "No es menor la operación en el espacio aéreo, la interferencia con otros medios de aplicación, con tendidos eléctricos o con zonas pobladas". Si bien en otras provincias no siempre se exige licencia, Entre Ríos decidió mantener este requisito, en línea con la normativa aeronáutica y ante escenarios donde los drones no operan en categoría libre.
"No es menor la operación en el espacio aéreo, la interferencia con otros medios de aplicación, con tendidos eléctricos o con zonas pobladas".
Capacitación obligatoria según el tipo de aplicación
La capacitación es otro eje central de la nueva ley. Durante 2025 ya se realizaron cursos específicos para operadores de drones, y este año se replicará el esquema con formaciones dirigidas a distintos perfiles. Habrá instancias para aplicadores terrestres, aéreos tripulados, operadores de drones y también para quienes utilizan mochilas. "Las capacitaciones son obligatorias y están orientadas al modo de aplicación", explicó la funcionaria. Incluso quienes trabajen con más de un sistema deberán capacitarse en cada uno de ellos. Según Gallegos, esto responde a la necesidad de "una formación constante y profesionalizada", ya que las técnicas varían según el tipo de equipo.
Más registros y mayor información: resistencias y objetivos
La implementación de la ley no estuvo exenta de resistencias. Gallegos reconoció que algunos sectores mostraron reticencia, especialmente ante la ampliación de registros y la exigencia de mayor información. A diferencia del sistema anterior, que concentraba los registros, la nueva normativa establece diez categorías diferenciadas. Además, incorpora a actores que antes no debían registrarse, como operarios y asesores. También se requiere información más detallada sobre los equipos y su mantenimiento. "No nos sirve solamente conocer el lugar de guarda de un pulverizador, necesitamos saber su estado, su antigüedad y su mantenimiento", explicó. Según la secretaria, estos datos son clave para garantizar la calidad de aplicación, ya que un equipo nuevo mal mantenido puede ser menos eficiente que uno antiguo bien cuidado.
Un sistema orientado a la trazabilidad
Finalmente, Gallegos destacó que el nuevo esquema apunta a construir un sistema integral de trazabilidad, que permita conocer quiénes intervienen en cada etapa y bajo qué condiciones operan. "El objetivo no es solo producir más o medir la cantidad de hectáreas pulverizadas; es una mirada integral que contempla múltiples aspectos", concluyó.
"El objetivo no es solo producir más o medir la cantidad de hectáreas pulverizadas; es una mirada integral que contempla múltiples aspectos", concluyó.
Cabe destacar que el registro se realiza una única vez, con actualizaciones posteriores solo en caso de cambios o requisitos anuales, consolidando así un sistema que busca mayor transparencia, control y sostenibilidad en la producción agropecuaria.
