El Gobierno nacional avanzó en una nueva medida de desregulación al derogar una normativa que desde hace más de dos décadas establecía mecanismos especiales para la elaboración y actualización de las directrices de patentamiento relacionadas con materia viva y sustancias naturales.
La decisión fue formalizada mediante la Resolución Conjunta 1/2026, firmada por el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Sergio Iraeta, y el secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne, en ejercicio de las competencias de la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa. La medida deja sin efecto la Resolución Conjunta 99/2001 y 810/2001, que había creado un Grupo de Trabajo Permanente en Propiedad Intelectual integrado por organismos como el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), el Instituto Nacional de Semillas (INASE), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el entonces SENASA, con el objetivo de elaborar criterios específicos para el patentamiento de materia viva y sustancias naturales.
Según argumenta el Gobierno, el esquema vigente generaba una instancia administrativa adicional que complejizaba y ralentizaba la actualización de los criterios técnicos utilizados para evaluar solicitudes de patentes, especialmente en áreas vinculadas con la biotecnología, la innovación genética y los desarrollos agroindustriales. La resolución sostiene que esas exigencias introducían "rigideces" que dificultaban la adaptación de las directrices a los avances científicos, tecnológicos y jurídicos producidos tanto en Argentina como en el ámbito internacional. Además, se destaca que el objetivo original de la norma ya había sido cumplido, dado que las directrices de patentamiento encomendadas en 2001 fueron elaboradas y aprobadas por el INPI mediante la Resolución 243 de 2003, permaneciendo vigentes desde entonces.
El esquema vigente generaba una instancia administrativa adicional que complejizaba y ralentizaba la actualización de los criterios técnicos utilizados para evaluar solicitudes de patentes, especialmente en áreas vinculadas con la biotecnología, la innovación genética y los desarrollos agroindustriales.
En ese contexto, el Ejecutivo considera que la permanencia de la resolución conjunta resultaba innecesaria y que la actualización de las directrices técnicas debe quedar bajo la órbita del organismo especializado, sin requerir validaciones adicionales de otras dependencias del Estado. La medida también se fundamenta en las facultades otorgadas al INPI por la Ley de Patentes N.º 24.481, que reconoce al organismo la capacidad de emitir directivas para su funcionamiento y definir criterios técnicos de evaluación.
Desde el Gobierno sostienen que la derogación permitirá fortalecer la capacidad institucional del instituto, facilitando la adopción de criterios más dinámicos, flexibles y alineados con los estándares internacionales de propiedad industrial. Para los sectores vinculados a la innovación tecnológica, la biotecnología, el mejoramiento genético vegetal y el desarrollo agroindustrial, la decisión podría traducirse en una mayor previsibilidad regulatoria y en procesos más ágiles para la evaluación de solicitudes de patentes.
La derogación permitirá fortalecer la capacidad institucional del instituto, facilitando la adopción de criterios más dinámicos, flexibles y alineados con los estándares internacionales de propiedad industrial.
La resolución entró en vigencia este 11 de junio, tras su publicación en el Boletín Oficial, y fue comunicada formalmente al INPI, INASE, SENASA e INTA, organismos que habían participado históricamente en el esquema creado en 2001.
Con esta medida, el Gobierno profundiza su estrategia de simplificación administrativa y reducción de estructuras regulatorias, buscando acelerar los procesos vinculados a la innovación y la protección de la propiedad intelectual en sectores considerados estratégicos para el desarrollo productivo del país.
