CRA y la independencia del Poder Judicial
Confederaciones Rurales Argentinas dio a conocer un comunicado en el que expresa su posición respecto a los últimos acontecimientos derivados de la decisión de la Corte Suprema respectos a los comicios en San Juan y Tucuman, y la respuesta del gobierno.
La resolución de la Corte Suprema de Justicia, sobre una medida cautelar, vinculada a la interpretación de cláusulas constitucionales de origen provincial, debiera inscribirse en el libre acceso a un pronunciamiento judicial que demandan los ciudadanos.
Sin embargo, el Gobierno Nacional, encabezado por el presidente de la Nación ha denostado el fallo, fustigando a quienes lo emitieron y destratando a quienes integran el más alto Tribunal de Justicia del país.
Resulta flagrante la intromisión del Poder Político en las funciones del Poder Judicial, violentando su independencia y con ello ensuciando y poniendo en duda la integridad de quienes componen la Corte Suprema, ello quiebra el sistema de control e independencia del Poder Judicial, dejando indefensa a la ciudadanía.
Las decisiones judiciales, se tramitan y juzgan dentro del propio sistema, y los demás poderes de la República deben velar por su independencia, respetando y no presionando o denostando su funcionamiento.
Lamentamos que frente a la gravísima crisis económica y social que enfrenta la República, el Gobierno Nacional, eluda toda referencia a ello y confunda a la sociedad fustigando una resolución judicial que tendrá las instancias necesarias para ser respondida.
Desde CRA sostenemos firmemente el acceso a la Justicia de quienes se consideren con derecho a hacerlo y exigimos que las respuestas judiciales, libres e independientes, sean respetadas, única garantía que tiene la sociedad de vivir en democracia y bajo los conceptos constitucionales de integrar una República.
Sobran las tareas para el Ejecutivo y debiera responder por ellas, dejando al Poder Judicial hacer su tarea. Argentina necesita más República y menos discursos agraviantes, el respeto y marco de la Constitución Nacional es insoslayable para la existencia de un Estado de derecho.
