La implementación del Reglamento de Deforestación de la Unión Europea (EUDR) volvió al centro del debate tras el reclamo conjunto de organizaciones agrarias y forestales que exigen a la Comisión Europea una simplificación urgente del sistema. A pesar de la decisión de Bruselas de postergar su entrada en vigor plena hasta fines de 2026, el sector productivo advierte que la normativa, tal como está diseñada, resulta difícil de aplicar en la práctica.
El sector productivo advierte que la normativa, tal como está diseñada, resulta difícil de aplicar en la práctica.
El EUDR, aprobado en 2023, establece que productos como soja, carne vacuna, cacao, café y madera no podrán ingresar al mercado europeo si provienen de tierras deforestadas después de 2020. Para ello, impone exigentes mecanismos de trazabilidad y diligencia debida, incluyendo la geolocalización precisa de los lotes productivos.
Sin embargo, productores y entidades rurales sostienen que el sistema actual implica una carga administrativa "inmanejable", especialmente en un contexto de aumento de costos y volatilidad de los mercados. En ese marco, la revisión prevista para el 30 de abril de 2026 aparece como una instancia clave para redefinir la norma.
Uno de los principales planteos apunta a reducir la burocracia. El sector propone que los pequeños productores queden exentos de presentar declaraciones simplificadas y que, en su lugar, los Estados miembros integren sus sistemas nacionales con la base de datos comunitaria para automatizar procesos. También cuestionan la obligación de reportar datos estimados que, según argumentan, no aportan valor real a la trazabilidad.
El sector propone que los pequeños productores queden exentos de presentar declaraciones simplificadas
Otro foco de conflicto es la incertidumbre en el reporte de información. La normativa no define con claridad cuándo deben actualizarse las declaraciones ante cambios menores en la producción, como variaciones en el volumen de biomasa o ajustes en la ubicación de los lotes. Para el sector agroforestal, estas exigencias resultan inviables en sistemas productivos dinámicos y generan inseguridad jurídica.
A esto se suman dificultades técnicas. Estudios recientes advierten que los sistemas de monitoreo pueden presentar errores en la identificación de áreas productivas, confundiendo superficies agrícolas con zonas forestales. Este tipo de fallas podría derivar en sanciones injustificadas y mayores costos de cumplimiento.
En paralelo, crece el reclamo para que el reglamento adopte un enfoque basado en niveles de riesgo. Las organizaciones proponen que en países considerados de "bajo riesgo" se aplique un régimen simplificado a todos los productores, independientemente de su tamaño. Argumentan que la deforestación no depende de la escala de la explotación, sino de la eficacia de las políticas de conservación vigentes en cada país.
El impacto del EUDR no se limita a Europa. Países exportadores como Argentina siguen de cerca la evolución de la normativa. Aunque el efecto macroeconómico estimado sería acotado, cadenas clave como la soja y la carne podrían enfrentar mayores exigencias y costos para acceder al mercado europeo. En ese contexto, el gobierno argentino busca ser clasificado como país de bajo riesgo y avanzar en sistemas propios de trazabilidad.
En ese contexto, el gobierno argentino busca ser clasificado como país de bajo riesgo y avanzar en sistemas propios de trazabilidad.
Pese a las críticas, el sector productivo reafirma su compromiso con los objetivos ambientales de la Unión Europea. No obstante, advierte que el éxito del reglamento dependerá de su capacidad para adaptarse a la realidad del campo. Una implementación gradual, acompañada de ajustes técnicos y administrativos, aparece como la única vía para compatibilizar la sostenibilidad ambiental con la viabilidad económica de las comunidades rurales.
La discusión, en definitiva, expone una tensión creciente entre la ambición ambiental de Europa y la competitividad de los sistemas productivos. El resultado de la revisión prevista para abril será determinante para definir si el EUDR se consolida como un estándar global o se convierte en una barrera difícil de sortear para el comercio agroalimentario.
