De la mano de la mayor recaudación impositiva en la Argentina, en parte por efecto de la inflación, aumenta la presión sobre las distintas actividades, y el campo no queda exento. Por el contrario, en el caso de este sector el Estado ya se queda con casi el 74% de la renta que genera. El dato surge de un estudio elaborado por la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), que asegura que dicho margen atenta contra la sustentabilidad de la actividad en el país. “La mayor presión de los impuestos en Argentina, sumados a los costos de intervención, produce que el Estado tenga una participación en la renta agrícola del 73,9%”, indica el trabajo.
El cálculo considera las retenciones, impuestos como el de Ganancias y sobre los créditos y débitos bancarios (conocido como impuesto al cheque) y el IVA, además del Impuesto Inmobiliario Rural, que es provincial y el más costoso.
Adicionalmente, la cuenta incorpora las pérdidas del sector por las diferencias entre el precio teórico de los productos que elabora el sector agrícola (FAS Teórico) y el valor final que terminan cobrando los productores, por las llamadas distorsiones del mercado, como los cupos de ventas externas.
La participación del Estado en la renta agrícola, que bajó levemente en junio respecto de mayo (75%) se transforma en recursos “para la recaudación fiscal efectiva o en subsidios a otras actividades de la cadena al disminuir el precio de venta de los productos agrícolas”.
Esta participación del Estado reduce los márgenes de rentabilidad de la producción agrícola, afectando la sustentabilidad económica del productor y generando incentivos al cultivo de soja, asegura el trabajo en el que también se aclara que “esto se aprecia claramente en el hecho de que a medida de que se ha ido afinando la rentabilidad agrícola, se ha incrementado la superficie de soja en detrimento del trigo y el maíz”.
La razón radica en que cualquier tipo de empresa “debe ser primero viable en términos económicos para poder ser sustentable en términos ambientales”, concluye la entidad.
Los efectos en la rentabilidad y la previsibilidad que dan como resultado la combinación de cupos de exportación y retenciones “generan incentivos a que el productor deba encontrar una ecuación de siembra de soja y maíz que le permita ser viable económicamente, aún en detrimento de la rotación de cultivos, la calidad de su propio campo y la productividad futura del mismo”, asegura FADA.
De un universo de 30 mediciones trimestrales del índice de la entidad, de los últimos siete años, el maíz dio resultados nulos o negativos en siete de esas 30, prácticamente uno de cada cuatro; y el trigo tuvo el mismo desempeño en 11 de 30 de esas mediciones, una de cada tres, indica el informe.
“Deben tomarse medidas de manera inmediata principalmente para aumentar la siembra de maíz y trigo y su industrialización y exportación”, esto es comenzar a hablar de “eliminar de forma inmediata los derechos de exportación y aplicar sistemas de amortización acelerada para sus cadenas”, agrega el documento de la fundación.
El informe sostiene que “no hay que temerle a eliminar los Derechos de Exportación (retenciones) a la soja, al menos en un proceso gradual de cinco a siete años. En Brasil y los Estados Unidos, ejemplifica, las retenciones no existen y hay una rotación de cultivos “mejor a la de Argentina”.
