En enero, el Ministro de Economía se comprometió a gestionar su derogación pero el Banco, por el contrario, la prorrogó. La semana pasada, las entidades gremiales del campo solicitaron se la dé de baja. Nada ha ocurrido desde entonces, por eso, desde la Federación de Acopiadores reiteramos el rechazo.
Esta normativa afecta las decisiones de comercialización y discrimina arbitrariamente a productores y operadores comerciales que procuran la mayor eficiencia en la utilización de recursos y optimización de la logística. Es insólito que se pretenda su aplicación en este momento, para la actual magra cosecha. Se está castigando a los productores que pudieran tener la fortuna de cosechar, ya que se verían obligados a vender inmediatamente más del 95% de su producción.
