En medio de las pujas y definiciones sobre el plan de acción del Gobierno, el oficialismo avanzará mañana en el Senado con el proyecto para crear una comisión investigadora de la deuda del grupo empresario Vicentin.
La iniciativa, impulsada en la Cámara alta por el neuquino Oscar Parrilli -mano derecha de la presidenta del cuerpo, Cristina de Kirchner-, cuenta con votos de sobra para su aprobación en la sesión virtual, que se iniciará a las 15, a través de una mayoría simple.
La oposición se quejaba -al cierre de esta edición- por la necesidad, según el reglamento, de llegar a los dos tercios para aprobar este tipo de proyectos. En el oficialismo apuntan a que la Constitución no habla de mayorías específicas para estas iniciativas y que el reglamento de Diputados nada dice sobre los dos tercios. Por ende, se podría avanzar sin problemas.
El proyecto apunta a buscar una "posible defraudación y estafa comercial a acreedores, clientes de la firma y/o empresas de Cereales y Soja con las que competía en el mercado por posibles perjuicios económicos sufridos por la posición dominante adquirida en los últimos cuatro años". Es decir, sólo durante el macrismo, y donde se intentará escanear aportes electorales.
Además, el texto también direcciona la lupa a conocer supuestos "movimientos de fondos entre empresas vinculadas efectuando posibles maniobras espurias a efectos de ocultar y/o simular la verdadera realidad económica, de provocar el déficit económico y financiero que ocasionaron el proceso concursal, como también detección de posibles operaciones de encubrimiento y/o lavado de activos que pudieren ser de origen delictivo y la responsabilidad de la Unidad de Información Financiera (UIF) por incumplimiento en sus obligaciones de control".
Por otra parte, la bicameral en gestación acelerada "deberá indagar si existieron desvíos de fondos a Empresas vinculadas al Grupo en el país y/o en el exterior, ejecutadas por los directivos y/o responsables, si evadieron tributos y otros compromisos fiscales, dejando de ingresar a las arcas estatales, ya sea a nivel Nacional, Provincial y/o Municipal, montos correspondientes a sus obligaciones tributarias; en definitiva, si han efectuado giros o movimientos financieros a sus vinculadas en el país y/o en el exterior, afectando dolosamente los ingresos públicos".
Plazo
El plazo de duración de la comisión será, según marca el texto, de "18 meses contados a partir de la fecha de la reunión constitutiva", y podrá "ser prorrogado por única vez por el plazo de seis meses por decisión de la mayoría de sus miembros". Parrilli también quiere que el cuerpo en cuestión se expanda con amplitud y tenga potestad para solicitar expedientes judiciales y citar testigos.
Ayer, diputados de Juntos por el Cambio presentaron un proyecto para modificar la ley de expropiaciones, con el objeto de derogar las disposiciones relativas a la ocupación temporánea anormal de bienes. "La denominada ‘ocupación temporánea anormal' constituye una peligrosa figura inconstitucional que el Poder Ejecutivo puede utilizar sin la necesidad de la declaración de utilidad pública, convirtiéndose así en un instrumento arbitrario que debilita la seguridad jurídica", señalaron.
