Tras el rechazo del campo a la inciativa original del Gobierno de facultar al Poder Ejecutivo para subir las retenciones hasta el 33%, lograron incluir en la media sanción de Diputados del Presupuesto 2019 una modificación.
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El cambio llegó después de las negociaciones entre legisladores oficialistas con dirigentes del campo, que lograron que el Presupuesto final incluya la potestad de subir las retenciones a la soja hasta el 30% y que los derechos de exportación para el resto de los productos tenga un límite de 12%.
Con el presupuesto llegaron también modificaciones en Bienes Personales, y el campo se alertó ante la eliminación de la exención a los inmuebles rurales. ¿Qué significaba? Antes, por los terrenos arrendados, desocupados o explotaciones unipersonales, se pagaba Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta, y en ese caso no regía el tributo a los Bienes Personales.
Pero el año pasado se derogó la Ganancia Mínima Presunta, cuando la Justicia a través de su más alto tribunal, consideró que el impuesto era inconstitucional. Así, el Gobierno decidió incluir en el Presupuesto que en el año fiscal 2019 las personas humanas que tengan campos pagarían el impuesto patrimonial de Bienes Personales.
Sin embargo, el proyecto no pasó desapercibido y el campo volvió a salir al ataque, incluso con una advertencia de CRA el fin de semana en exclusiva en Chacra TV de que podría haber un paro contra el Gobierno si se seguía adelante con esta medida. La Mesa de Enlace se unió para criticar duramente a la administración actual y cuestionó que "los políticos busquen el ajuste en el campo y los productores".
Ante los reclamos de diferentes sectores del agro que se hicieron oír en la última semana, el diputado del PRO y Presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Luciano Laspina, propuso dar marcha atrás con la iniciativa y se estableció un nuevo cambio.
¿Cómo quedó dispuesto el tributo? Los inmuebles rurales cuyos titulares sean personas humanas y sucesiones indivisas no tributarán Bienes Personales, pero sí lo harán aquellos campos que estén en manos de sociedades, que ahora pagarán una alícuota del 0,25%.
Tras conocerse la modificación y la media sanción de esta mañana, el campo se mostró aliviado y celebró la marcha atrás en ese sentido. Eduardo Rodríguez, presidente de Economías regionales de CAME, aseguró: "Estamos conformes porque las autoridades entendeiron el perjuicio que esto causaba". A su turno, el titular de la SRA, Daniel Pelegrina, expresó: "Bien por los diputados que votaron a favor de la producción y del desarrollo del interior respetando el concepto productivo de los inmuebles rurale
