Un acuerdo salarial, alcanzado en Buenos Aires, puso fin a la protesta de los obreros limoneros y a los bloqueos en las rutas, una verdadera pesadilla para automovilistas de distintos puntos de la provincia, a la inactividad industrial. Pero, además, restableció la tranquilidad social y afianzó la corresponsabilidad gremial entre empresarios, sindicalistas y funcionarios para afianzar el control contra la informalidad laboral en la actividad. Los referentes nacionales de Uatre y los de la Asociación Tucumana del Citrus (ATC) cerraron las paritarias con un incremento que, en promedio, significará una mejora del 31%. Fue ante las autoridades del Ministerio de Trabajo de la Nación.
El titular de la ATC, Roberto Sánchez Loria, destacó que el acuerdo salarial ha sido razonable y equilibrado para ambas partes. "Lo fundamental es que se puso fin a una situación tensa y conflictiva, que estaba generando malestar en la provincia". Las protestas afectaron más al proceso industrial que a la cosecha de fruta fresca, debido a las condiciones climáticas. También golpeó la actividad en fábricas y en empaques.
Los cortes de ruta causaron malestar social. Incluso, en las redes sociales se denunció supuestos cobros de peajes para transitar por los caminos, algo que fue relativizado por la conducción sindical.
Según el delegado regional de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales (Uatre), Ricardo Ferreyra, el acuerdo puso fin a los bloqueos de caminos y de accesos a las fábricas citrícolas. Según el dirigente, uno de los puntos del convenio prevé un aumento del jornal de $ 354 a $ 464. "Se trata de un incremento considerable, que está por arriba del jornal general del agrario", manifestó.
Tanto la ATC como Uatre destacaron las gestiones que realizaron desde el Gobierno provincial para llegar a un entendimiento en la discusión salarial.
Los industriales enfatizaron el compromiso de los referentes nacionales de Uatre, dirigido por Gerónimo "Momo" Venegas, que firmaron el convenio de corresponsabilidad gremial para controlar que todo el empleo en la actividad esté registrado y que se trabaje en condiciones equitativas.
