Las autoridades de un país o de una provincia, que tienen ciertos conocimientos – se supone- sobre políticas para mejorar la vida de los ciudadanos, depositan lo mismo para protección de los bosques, que comprar un caramelo en el kiosco.
Salta solo recibe anualmente 1 peso por hectárea. El dato no es nuevo, pero sí preocupante. El Gobierno nacional nunca cumplió con el envío de los fondos que le corresponden a la Provincia, que cuenta con la mayor superficie de bosques nativos de la Argentina, sumando alrededor de 8 millones de hectáreas. Solo una cifra cercana al 6% de lo que hace falta, según la normativa vigente, se destina a ellas.
Los números son contundentes y fueron plasmados en un proyecto ingresado a la Cámara de Diputados de la Nación, en el que se solicitan mayores partidas: en 2010 el presupuesto anual asignado a nivel país era de $300.000.000, pero el monto transferido para ser distribuido entre ocho provincias fue de 94.563.095. Al año siguiente la asignación fue la misma y si bien las transferencias subieron a $230.000.000, el dinero tuvo que repartirse entre 15 provincias. Esa tendencia siguió afianzándose y en 2012 se presupuestaron $300.085.190, se enviaron $245.467.244 y se sumó una provincia más al reparto.
Ya en 2013 comenzó a notarse una notable baja en las partidas que cayeron ese año a $253.000.000, mermó otra vez en 2014 a $247.043.707 y en 2015 a $246.450.000. En este último período, los fondos tuvieron que ser distribuidos entre 22 provincias. Es decir, el presupuesto inicial disminuyó en seis años alrededor de un 18%, mientras que las provincias destinatarias de dichos fondos crecieron en un 175%.
Esta situación impacta directamente en la implementación de planes presentados por propietarios privados a las autoridades de aplicación provinciales, con el objetivo de conservar la biodiversidad y los servicios ecosistémicos de los bosques nativos. Estos fortalecen la identidad cultural de los pueblos, brindan elementos básicos para la subsistencia como leña, forraje, cortezas, frutos, hongos y plantas medicinales, entre otros. Los bosques nativos constituyen, además, el sostén para el desarrollo de diversas actividades productivas y/o económicas, como la apicultura, el aprovechamiento de productos forestales, la actividad silvopastorial y el turismo sustentable.
Contrariamente a la disminución de los fondos asignados se registró un incremento en la presentación de estos proyectos que pasaron de 257 en 2010, a 1.288 en 2015.
Por lo expuesto, hablar en un incremento de los fondos asignados a la conservación de bosques nativos significa pensar directamente un mejoramiento de las capacidades de las autoridades de aplicación para el control de los desmontes, que es uno de los principales objetivos de la Ley 26.331, única normativa de este tipo en Latinoamérica.