9 Sep 2016
La polémica generada en torno a la construcción de las represas Néstor Kichner y Jorge Cepernic desde que el presidente Mauricio Macri asumió la conducción del Estado tendrá un final feliz tras 9 meses de incertidumbre, debido a que el Gobierno nacional ya firmó un entendimiento con la firma cordobesa Electroingeniería y los capitales chinos para llevar adelante la obra, y el próximo martes se relanzará formalmente la continuidad del proyecto cuando la gobernadora Alicia Kirchner suscriba en Buenos Aires un acuerdo con el ministro de Energía, Juan José Aranguren.
Así lo confirmaron a Télam fuentes relacionadas con el tema, que precisaron que hace 10 días el secretario de Planeamiento Energético, Daniel Redondo, firmó en Santa Cruz un acuerdo con Represas Patagonia, la UTE (Unión de Empresas Transitoria) constituida por Electroingeniería, Gezhooba e Hidrocuyo, que en el 2013 ganaron la licitación de la construcción de las represas.
Tras nueve meses en donde el inicio de obra estuvo casi paralizado, la provincia de Santa Cruz se comprometió a refrendar el próximo martes ante la administración macrista la transferencia a la Nación de las tierras en donde se construirán las represas, a cambio de un 12% de la generación de ingresos en concepto de regalías; a lo que se sumará un acuerdo entre ambos distritos por la concreción de un estudio de impacto ambiental, que estará a cargo de la cartera de Medio Ambiente, que conduce el rabino Sergio Bergman.
Los cortocircuitos en torno a las represas patagónicas comenzaron apenas asumió el presidente Mauricio Macri. A fines de diciembre de 2015, con un criterio ambientalista, el Presidente analizó la posibilidad de frenar las obras con Cristine Mc Divitt, viuda del filántropo ecologista Douglas Thomkins, que lo visitó en la Casa Rosada, algo que fue interpretado como una clara señal en contra de la cordobesa Electroingeniería, asociada al pasado kirchnerista, si bien se trata de una firma que tiene 40 años en el país.
Si bien no hubo anuncios oficiales al respecto, el trascendido en los medios generó alarmas en el gobierno chino, ya que Argentina había firmado un acuerdo con el Estado Chino en julio de 2014, por obras a cambio de financiamiento, de una complejidad tal que trascendía la mera anulación de un contrato con un par de empresas.
Es decir, si Macri no cumplía lo pactado, ingresaba en default con el Estado chino.
Los primeros en advertirle a Macri la delicada situación existente fueron la canciller Susana Malcorra, y el ministro Aranguren.
Luego, no tardaron en llegar los informes desde el Banco Central y del Ministerio de Hacienda, debido a que las garantías de la operación alcanzaban hasta el swap de moneda suscripto con China, que sigue vigente.
El acuerdo millonario de las represas (unos 4.700 millones de dólares, que con intereses comisiones y seguros, asciende a 6000 millones de dólares) estaba ligado a otro convenio millonario: el proyecto del ferrocarril Belgrano Cargas (2.400 millones de dólares), cuyas obras no fueron suspendidas y que, por el contrario, siguieron su curso con normalidad.
Otro problema era que si había incumplimiento con la represa, automáticamente se ingresaba en crossdefault con el Belgrano Cargas, explicaron fuentes allegadas a los contratos.
Por otro lado, en el mismo contrato establecía que el swap con China (11.000 millones de dólares) fue diseñado como mecanismo de contingencia para proteger las inversiones en el país, y contenía un seguro de 7,1% del total de crédito suscripto con Sinosure. Además, se había fijado a Francia como punto de mediación en caso de una eventual controversia.
Cabe recordar que este contrato se firmó apenas un mes después de que se conoció que Argentina perdió el juicio en contra de los fondos buitre (junio de 2014), y representó un fuerte respaldo del gobierno chino en cuanto al ingreso de dólares que el país necesitaba, y que no iban a discontinuarse, aún si el país permanecía en default.
Por otro lado, el macrismo debía reponer los cuatro desembolsos por cerca de de 300 millones que el gobierno chino ya había entregado desde el acuerdo suscripto con Cristina Kirchner.
Frente a este cuadro de situación, el criterio fundamental que primó en la decisión de Macri de continuar con la inversión en cuestión fue por reputación: Argentina no podía ante la comunidad internacional anunciar el fin del default con los holdouts, por un lado, e incumplir un contrato con los chinos, por el otro.
Con el agravante que las inversiones externas en la economía real, tanto estadounideneses o europeas, no llegaron a materializarse aún, pese a los viajes internacionales de Macri a Davos, Europa, Washington, la visita de Barack Obama al país y, recientemente el G20 en China.
Macri utilizó los documentos que firmó Redondo hace 10 días como carta de presentación para el encuentro bilateral con presidente Chino, Xi Jinping, en el marco del G20, con quien ya había conversado en abril último, en Washington, por este tema, si bien el motivo del encuentro fue la Cumbre Nuclear.
Asimismo en China, el presidente argentino se entrevistó con el titular de Power China, dueña de la firma socia de Electroingeniería, que fue el puente que consiguió el financiamiento de tres bancos estatales chinos para realizar la operación.
También Macri se entrevistó con otra firmas gigantes chinas proveedoras de equipos para la construcción de la represa.
Lo firmado en agosto con Electroineniería y el resto de las empresas privadas incluye algunas modificaciones en la obra, pero el monto terminará siendo similar al total de los 6000 millones de dólares pautados inicialmente, precisaron las mismas fuentes.
El acuerdo se dio tras varios acercamientos entre las partes, incluidas dos entrevistas de los titulares de las firmas con el propio Aranguren.
En cuanto a los cambios en el proyecto, de los 1.760 MW que se iban a generar originalmente según la licitación del gobierno de Cristina Kirchner, se pasarán a 1.290 MW de potencia. Asimismo, se reducirá la cantidad de turbinas de cada represa: la Néstor Kirchner pasará de 11 turbinas a 8 turbinas, y la represa Jorge Cepernic se reducirá de cinco a tres.
Los montos se compensan debido a que se proyecta también la construcción de una línea de alta tensión de 500 Kv, que llegará hasta la localidad de Piedra Buena, ubicada a 240 kilómetros al noreste de Río Gallegos.
Un dato curioso es que es posible que las represas cambien de denominación: los funcionarios de Macri denominan a las mismas RRSC (Represas Río Santa Cruz), quizá presagiando un cambio de nombre por decreto.
Así lo confirmaron a Télam fuentes relacionadas con el tema, que precisaron que hace 10 días el secretario de Planeamiento Energético, Daniel Redondo, firmó en Santa Cruz un acuerdo con Represas Patagonia, la UTE (Unión de Empresas Transitoria) constituida por Electroingeniería, Gezhooba e Hidrocuyo, que en el 2013 ganaron la licitación de la construcción de las represas.
Tras nueve meses en donde el inicio de obra estuvo casi paralizado, la provincia de Santa Cruz se comprometió a refrendar el próximo martes ante la administración macrista la transferencia a la Nación de las tierras en donde se construirán las represas, a cambio de un 12% de la generación de ingresos en concepto de regalías; a lo que se sumará un acuerdo entre ambos distritos por la concreción de un estudio de impacto ambiental, que estará a cargo de la cartera de Medio Ambiente, que conduce el rabino Sergio Bergman.
Los cortocircuitos en torno a las represas patagónicas comenzaron apenas asumió el presidente Mauricio Macri. A fines de diciembre de 2015, con un criterio ambientalista, el Presidente analizó la posibilidad de frenar las obras con Cristine Mc Divitt, viuda del filántropo ecologista Douglas Thomkins, que lo visitó en la Casa Rosada, algo que fue interpretado como una clara señal en contra de la cordobesa Electroingeniería, asociada al pasado kirchnerista, si bien se trata de una firma que tiene 40 años en el país.
Si bien no hubo anuncios oficiales al respecto, el trascendido en los medios generó alarmas en el gobierno chino, ya que Argentina había firmado un acuerdo con el Estado Chino en julio de 2014, por obras a cambio de financiamiento, de una complejidad tal que trascendía la mera anulación de un contrato con un par de empresas.
Es decir, si Macri no cumplía lo pactado, ingresaba en default con el Estado chino.
Los primeros en advertirle a Macri la delicada situación existente fueron la canciller Susana Malcorra, y el ministro Aranguren.
Luego, no tardaron en llegar los informes desde el Banco Central y del Ministerio de Hacienda, debido a que las garantías de la operación alcanzaban hasta el swap de moneda suscripto con China, que sigue vigente.
El acuerdo millonario de las represas (unos 4.700 millones de dólares, que con intereses comisiones y seguros, asciende a 6000 millones de dólares) estaba ligado a otro convenio millonario: el proyecto del ferrocarril Belgrano Cargas (2.400 millones de dólares), cuyas obras no fueron suspendidas y que, por el contrario, siguieron su curso con normalidad.
Otro problema era que si había incumplimiento con la represa, automáticamente se ingresaba en crossdefault con el Belgrano Cargas, explicaron fuentes allegadas a los contratos.
Por otro lado, en el mismo contrato establecía que el swap con China (11.000 millones de dólares) fue diseñado como mecanismo de contingencia para proteger las inversiones en el país, y contenía un seguro de 7,1% del total de crédito suscripto con Sinosure. Además, se había fijado a Francia como punto de mediación en caso de una eventual controversia.
Cabe recordar que este contrato se firmó apenas un mes después de que se conoció que Argentina perdió el juicio en contra de los fondos buitre (junio de 2014), y representó un fuerte respaldo del gobierno chino en cuanto al ingreso de dólares que el país necesitaba, y que no iban a discontinuarse, aún si el país permanecía en default.
Por otro lado, el macrismo debía reponer los cuatro desembolsos por cerca de de 300 millones que el gobierno chino ya había entregado desde el acuerdo suscripto con Cristina Kirchner.
Frente a este cuadro de situación, el criterio fundamental que primó en la decisión de Macri de continuar con la inversión en cuestión fue por reputación: Argentina no podía ante la comunidad internacional anunciar el fin del default con los holdouts, por un lado, e incumplir un contrato con los chinos, por el otro.
Con el agravante que las inversiones externas en la economía real, tanto estadounideneses o europeas, no llegaron a materializarse aún, pese a los viajes internacionales de Macri a Davos, Europa, Washington, la visita de Barack Obama al país y, recientemente el G20 en China.
Macri utilizó los documentos que firmó Redondo hace 10 días como carta de presentación para el encuentro bilateral con presidente Chino, Xi Jinping, en el marco del G20, con quien ya había conversado en abril último, en Washington, por este tema, si bien el motivo del encuentro fue la Cumbre Nuclear.
Asimismo en China, el presidente argentino se entrevistó con el titular de Power China, dueña de la firma socia de Electroingeniería, que fue el puente que consiguió el financiamiento de tres bancos estatales chinos para realizar la operación.
También Macri se entrevistó con otra firmas gigantes chinas proveedoras de equipos para la construcción de la represa.
Lo firmado en agosto con Electroineniería y el resto de las empresas privadas incluye algunas modificaciones en la obra, pero el monto terminará siendo similar al total de los 6000 millones de dólares pautados inicialmente, precisaron las mismas fuentes.
El acuerdo se dio tras varios acercamientos entre las partes, incluidas dos entrevistas de los titulares de las firmas con el propio Aranguren.
En cuanto a los cambios en el proyecto, de los 1.760 MW que se iban a generar originalmente según la licitación del gobierno de Cristina Kirchner, se pasarán a 1.290 MW de potencia. Asimismo, se reducirá la cantidad de turbinas de cada represa: la Néstor Kirchner pasará de 11 turbinas a 8 turbinas, y la represa Jorge Cepernic se reducirá de cinco a tres.
Los montos se compensan debido a que se proyecta también la construcción de una línea de alta tensión de 500 Kv, que llegará hasta la localidad de Piedra Buena, ubicada a 240 kilómetros al noreste de Río Gallegos.
Un dato curioso es que es posible que las represas cambien de denominación: los funcionarios de Macri denominan a las mismas RRSC (Represas Río Santa Cruz), quizá presagiando un cambio de nombre por decreto.
Por último, las obras se retomarán en octubre próximo. Hasta el momento hay 1500 operarios que demandan un costo mensual de alrededor de 4 millones de dólares, que hasta ahora representa un "costo muerto", debido a la paralización de las obras. El número de empleados ascendería a 5000 cuando las mismas estén en plena ejecución.
