Reclamos por los desmontes

Agrupaciones campesinas de Rivadavia Banda Norte pidieron al Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable que deje de habilitar desmontes que afectan a pequeños productores y familias rurales en ese municipio del noreste salteño.

En una nueva nota dirigida al titular de la cartera, Baltasar Saravia, seis asociaciones civiles de la región chaqueña elevaron el tono de sus reclamos contra la Secretaría de Medio Ambiente por los permisos de aprovechamiento forestal otorgados a titulares registrales que arriendan o venden sus guías a terceros.

“Nos sentimos totalmente indignados y avasallados en nuestros derechos posesorios sobre la tierra que habitamos y en la cual hemos trabajado y construido nuestras vidas por generaciones; una vez más sentimos que se nos ignora, margina y desconoce como ciudadanos poseedores de derechos”, remarca la presentación de las organizaciones civiles Unión y Progreso, Los del Bermejo, Defendiendo lo Nuestro, Comisión de Feria Rural Campesina, Herencia Chaqueña y la Asociación de Pequeños Productores del Chaco Salteño.

En el escrito, Lucía Ruiz, Alejandro Paz, Omar Cruz y otros dirigentes de las entidades campesinas de Rivadavia recordaron que, ya en anteriores notas, habían hecho notar que los permisos de aprovechamiento forestal y desmontes “no son bien estudiados” y que los funcionarios provinciales que los entregan “no llegan al lugar” para ver “la alteración social” que producen.


Las críticas

“A nuestro entender, solo se tienen en cuenta los beneficios económicos que favorecen a unos cuantos y perjudican a toda una población”, remarcaron las autoridades de las asociaciones civiles del chaco salteño, quienes citaron situaciones concretas denunciadas en 2013 “para refrescarle la memoria” al ministro.

En primer lugar, mencionaron el caso de Daniel Zambrano, quien se presentó como arrendatario de tierras en Campo Llauro, para realizar desmontes que la Secretaria de Medio Ambiente autorizó, por resolución 000171, en esa finca que tiene como titular registral a Carlos Paserini.

También recordaron el permiso que recibió Norberto Gay, por resolución 000567, para realizar deforestaciones en otro inmueble de la zona que tiene como titular registral a la firma Pastos Altos SA.

Por último, reseñaron el caso de Adrián Toledo, quien, por resolución 520/10, obtuvo permiso para aprovechamiento forestal en otra finca de la zona. “El vendió su guía al señor Javier Beltrán”, denunciaron las agrupaciones chaqueñas, tras recalcar que las afectadas directas de estos manejos “son las familias campesinas que sufren el atropello y la prepotencia de quienes llegan al lugar a destrozar el monte”.


Más de 14.000 hectáreas


“En los últimos tres meses, desde noviembre hasta la fecha, la Provincia ha realizado cuatro audiencias públicas que, en la suma total, involucran un poco más de 14.000 hectáreas de desmontes”, precisaron las asociaciones chaqueñas en el reclamo que hicieron llegar al ministro de Ambiente, y Producción Sustentable Baltasar Saravia.

En la nota, advirtieron que “en ninguna de esas audiencias familias campesinas y comunidades aborígenes afectadas fueron notificadas con tiempo para poder expresar su oposición”, como pidieron los jueces de la Corte de Justicia de la Nación. Por el contrario, remarcaron, “las organizaciones campesinas y comunidades aborígenes fuimos engañadas, ninguneadas y burladas”.

En este punto, resaltaron que la notificación de la audiencia pública que se realizó en Capitán Pagé el 10 de febrero, a las 14, fue ingresada apenas tres horas antes por la mesa de entrada de la Municipalidad de Rivadavia Banda Norte (Morillo). Lamentaron que funcionarios de la Provincia “desconozcan derechos posesorios y se nieguen a escuchar a familias rurales y pequeños productores” que habitan por generaciones en tierras de las que terminan siendo expulsados.

“Le recordamos a usted como ministro y a los funcionarios de Medio Ambiente que están desconociendo el pedido que hicieron los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, insistieron las asociaciones campesinas, tras remarcar que, con las autorizaciones irregulares de desmontes, también se incumple con la Ley provincial 7.654 que fue sancionada y promulgada a fines de 2010 para proteger los derechos de familias rurales y pequeños productores. Recordaron, en tal sentido, que el programa de regularización dominial y asistencia a grupos campesinos previsto en esa norma sigue siendo una materia pendiente.

Por último, hicieron responsables “al gobierno provincial y a funcionarios de la Secretaría de Medio Ambiente por provocar con este tipo de decisiones unilaterales el quiebre de la paz social” en la región chaqueña.