La Cámara de Industriales Molineros y la empresa Molino Cañuelas emitieron sendos comunicados en los que apuntan contra la multa millonaria impuesta por el Secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti -a instancias de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia-, este martes por entender que hubo prácticas anticompetitivas y cartelización para la fijación de precios entre 2014 y 2017.
Molino Cañuelas rechazó la Resolución y profundizó: "La multa resulta ilegal por infundada, irracional y exorbitante". De acuerdo con la empresa, la denuncia tiene su origen en 2015 y se formula por un acuerdo sectorial "que nunca se aplicó, el cual tenía como finalidad evitar que las grandes empresas vendan por debajo del costo de producción en perjuicio de las pequeñas empresas con menor capacidad financiera".
Cabe indicar que las sanciones abarcan, además de Molino Cañuelas y la Cámara, a la Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM), y la Asociación de Pequeñas y Medianas Industrias Molineras de la República Argentina (Apymimra). La multa más elevada, de $ 150 millones, fue dictada para la empresa y la Federación; mientras que para la Cámara fue de casi $ 94 millones y para la Asociación de algo más de $ 51 millones.
"La sanción recae sobre FAIM, la industria molinera en general, y en MC en particular, lo que resulta llamativo teniendo en cuenta que MC no tiene por sí sola la facultad de decisión (más de 70 molinos con un régimen de voto individual en la comisión directiva), al igual que sorprendió que la resolución se dictó luego de más de 7 años en donde se aportaron todas las pruebas que fundamentan nuestra posición", señaló Molino Cañuelas en el comunicado.
Ante esta situación, la empresa anunció que interpondrá los recursos judiciales correspondientes "con la convicción de que la multa será revocada, en la medida que, entre otras cuestiones, ni siquiera existió la aplicación del acuerdo que se pretende sancionar".
RESPUESTA DE LA CÁMARA
Por su parte, la Cámara de Industriales Molineros manifestó "sorpresa y desconcierto" por la Resolución N° 332 de la Secretaría de Comercio Interior de la Nación y expresó: "La rechazamos por infundada y arbitraria".
"Se ha impuesto a nuestra institución una multa exorbitante, abusiva y fuera de todo contexto, con base en consideraciones e inferencias amañadas, sin consideración de los razonamientos lógicos y las pruebas aportadas, haciendo presumir que la decisión de encontrarnos responsables de hechos y actos inexistentes parecen responder a intereses distintos, alejados de la realidad fáctica y jurídica", indica el comunicado.
Y finaliza anunciando también la judicialización de la medida: "En resguardo de la supervivencia de nuestra institución y en cumplimiento del deber de defender los intereses del sector, recurriremos a todas las instancias judiciales a nuestro alcance a fin de revertir esta arbitraria, infundada y desmesurada decisión administrativa".
