El reciente debate en torno al acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos volvió a poner en agenda un tema de larga data: la propiedad intelectual en semillas. En este contexto, el Centro de Ingenieros Agrónomos (CADIA) difundió un análisis en el que evalúa las implicancias de avanzar hacia el sistema UPOV91 y plantea interrogantes sobre su impacto en el agro local.
La entidad recuerda que Argentina cuenta con una Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas (N°20.247) sancionada en 1972 y vigente hasta hoy. A más de cinco décadas, el debate se mantiene abierto entre quienes impulsan una actualización normativa acorde a los avances tecnológicos y quienes sostienen que el problema central es la falta de control y cumplimiento, especialmente frente al uso informal de semillas.
UPOV91 en discusión
El eje del análisis se centra en el convenio internacional de la UPOV, que regula los derechos de obtentores vegetales. Argentina adhirió en 1993 al acta UPOV78, mientras que la versión más reciente -UPOV91- amplía el alcance de los derechos de propiedad intelectual, incluyendo el producto de la cosecha y extendiendo los plazos de protección. Desde la entidad plantean que la adopción de este esquema no es unívoca a nivel global. De los países existentes, menos de la mitad integran UPOV, y varios de los principales productores agrícolas -como Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay- continúan bajo el sistema anterior. En ese marco, desde la entidad se cuestiona si la no adhesión a UPOV91 implica un retraso tecnológico, señalando que el crecimiento productivo responde a múltiples factores y no exclusivamente al régimen de semillas. Variables como la política económica, los derechos de exportación, los sistemas productivos y la adopción tecnológica tienen un peso determinante.
Desde la entidad se cuestiona si la no adhesión a UPOV91 implica un retraso tecnológico, señalando que el crecimiento productivo responde a múltiples factores y no exclusivamente al régimen de semillas
Innovación tecnológica y vacíos normativos
Uno de los puntos más relevantes es que UPOV91 no contempla avances recientes en biotecnología, como la edición génica (CRISPR), la epigenética o el uso de bioestimulantes. Estas herramientas permiten mejorar cultivos sin necesariamente recurrir a organismos genéticamente modificados, abriendo nuevas posibilidades productivas. Desde la entidad destacan que Argentina ha sido pionera en algunos de estos desarrollos, al permitir avances en edición génica sin la carga regulatoria de los OGM, en línea con lo que ocurre en países como Estados Unidos, Japón o Brasil.
UPOV91 no contempla avances recientes en biotecnología, como la edición génica (CRISPR), la epigenética o el uso de bioestimulantes.
A su vez, se introduce el concepto de "memoria ambiental" de las semillas, vinculado a la epigenética, que puede favorecer la adaptación de cultivos a condiciones específicas de cada lote.
Uso propio VS semilla certificada
Otro eje central es la discusión entre el uso de semilla propia y la adquisición de semilla fiscalizada. Desde la entidad señalan que la semilla guardada puede ofrecer ventajas adaptativas, mientras que la certificada garantiza calidad, sanidad y acceso a nuevas mejoras genéticas. En la práctica, muchos productores adoptan estrategias mixtas, renovando parte del material cada campaña para combinar adaptación local con innovación genética.
La semilla guardada puede ofrecer ventajas adaptativas, mientras que la certificada garantiza calidad, sanidad y acceso a nuevas mejoras genéticas.
Asimetrías y nuevos modelos
También se advierte sobre la asimetría de poder entre empresas semilleras y productores, en un contexto donde varias compañías forman parte de grandes grupos agroquímicos globales. Frente a esto, se mencionan nuevas herramientas de articulación, como la siembra por contrato o sistemas de licencias tecnológicas -como Sembrá Evolución- que buscan ordenar el uso de genética protegida.
Una ley pendiente
Finalmente, desde la entidad subrayan que el debate sobre una nueva ley de semillas lleva más de 30 años sin resolución. Se plantea que cualquier reforma debe construirse sobre principios éticos y de largo plazo, contemplando los intereses del conjunto del sistema productivo.
"La ley no puede responder a una coyuntura, sino que debe perdurar en el tiempo", advierten, al tiempo que remarcan que el problema no radica únicamente en la falta de normativa, sino también en la dificultad para hacerla cumplir.
