La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) oficializó el día de hoy su adhesión al paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) para el jueves 19 de febrero, en un contexto que arrastra tensión en el sector sindical, sobre todo ante el inminente debate legislativo de la reforma laboral.
Y advierte sobre el impacto concreto en el empleo agrario, atravesado por estacionalidad, contratistas y campañas. La UATRE define la medida como "una respuesta firme y necesaria ante un proyecto que atenta directamente contra los derechos de los trabajadores rurales, precarizando sus condiciones laborales y desmantelando protecciones históricas que responden a la singularidad de nuestra actividad".
El sindicato remarca que el trabajo agrario ya cuenta con un régimen específico y cuestiona que se lo intente modificar con reglas pensadas para otras actividades. En este sentido, la entidad sostuvo que "rechaza categóricamente las modificaciones propuestas al régimen de trabajo agrario, que cuenta con una ley propia que regula sus condiciones únicas y totalmente diferentes al resto de las actividades económicas".
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Uno de los puntos que el gremio presenta como más delicados es la extensión del período de prueba, por el efecto directo que tendría sobre las campañas. En este sentido, advierte: "La reforma propone imponer períodos de prueba de hasta ocho meses, lo que en la práctica significaría cubrir cosechas completas bajo condiciones precarias, dejando a miles de familias sin protección real".
En el texto en tratamiento aparece un capítulo que involucra directamente al entramado de contratistas y empleadores, habitual en múltiples actividades rurales. En ese tramo, el comunicado cuestiona que la reforma "elimina la responsabilidad solidaria entre empleadores y contratistas, debilitando controles frente a incumplimientos y prácticas abusivas que aún persisten en el sector".
El otro eje es institucional y está estrechamente relacionado con la discusión salarial. En el comunicado denuncia que el proyecto "le quita facultades a la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA), herramienta clave para fijar salarios y sostener el equilibrio en la negociación colectiva". Y agrega que "en lugar de fortalecer el empleo, profundiza la inestabilidad y pone en riesgo derechos básicos y la propia organización del sector".
El tratamiento de la reforma laboral trae consigo dos lecturas dentro del agro. Mientras la UATRE se planta por segunda vez contra la reforma y se alinea con la movilización de la CGT, también se expresó el respaldo del núcleo agroexportador a la media sanción del proyecto y el reclamo de previsibilidad para la generación de empleo formal, exponiendo la grieta de diagnósticos dentro de la agroindustria.
El cierre del mensaje sindical busca ampliar la convocatoria más allá de sus afiliados. En el sector agroindustrial, el choque no solo es político, también es productivo, ya que la reglamentación laboral impacta en costos, contratación y planificación de campañas. En este contexto, la discusión se encamina a un escenario de presión cruzada entre dos demandas difíciles de conciliar, más flexibilidad y previsibilidad para invertir y tomar personal, y garantías para un trabajo estacional que, si pierde protecciones, puede terminar pagando el ajuste con más informalidad y rotación.
