Si hay una forma de que los productores agropecuarios argentinos no tengan estímulos para crecer e invertir es que se los obligue a depender de lo que les entregue el Estado. Sin embargo, ésa fue la táctica decidida por la Presidenta para obtener una módica victoria política. Por apenas 2500 millones de pesos, un 4,1% de lo que recauda por retenciones, consiguió sumar al planeta kirchnerista un nuevo satélite, la Federación Agraria Argentina (FAA).
Cuando es el mercado el que define el valor de lo que cosechan y reciben el precio lleno, los chacareros invierten en fertilizantes, maquinaria agrícola e insumos. No se conforman con producir nada más que 700 toneladas y esperar a que el Estado les reintegre el dinero de lo que pagan en impuestos. Cuando les va bien, invierten en sus pueblos y mueven la rueda de la economía. Si pueden, se expanden en superficie o agregan valor. Tienen espíritu emprendedor, no prebendario.
Cuando el Estado los lleva a ese camino saben que no les ha ido bien. El año pasado el Gobierno les prometió la devolución de los derechos de exportación por el trigo. Hasta ahora ese beneficio alcanzó al 50 por ciento de los productores inscriptos. También muchos tienen demoras de hasta un año y medio par que les devuelvan el IVA por la compra de insumos.
La burocracia no es lo único que perjudica a los chacareros. Los cupos a la exportación de trigo y de maíz vigentes desde hace seis años anularon la competencia entre molinos, industrias y exportadores. Así, estos actores pudieron pagarles a los productores entre 30 y 50 dólares menos que el precio de mercado. El esquema nació por el impulso del ex secretario de Comercio Guillermo Moreno y se mantiene inalterable en la actualidad, con la gestión del ministro de Economía, Axel Kicillof. La intervención del Gobierno en el mercado no hizo otra cosa que perjudicar a los productores, particularmente a lo más pequeños.
La medida anunciada tampoco consiste en una segmentación de las retenciones como la FAA reclama desde 2008. Hubiera sido segmentación si explícitamente se indicaba que los derechos de exportación a productores chicos de soja bajaban de 35 a 15%, por ejemplo. De esta forma, el Estado no se arriesga a resignar recursos fiscales.
Sin embargo, la medida es un reconocimiento implícito del carácter distorsivo de las retenciones. Muchos productores se preguntaban ayer, sin obtener respuesta, por qué el Gobierno no las eliminaba en vez devolver un pequeño monto. Son esos mismos que ya saben que no pueden esperar de este gobierno otra cosa que no sea intentos de cooptación, como hizo con la FAA. Por eso miran con atención a los candidatos de las elecciones de octubre próximo.
