Esta institución ha ido evolucionando y acompañando los cambios coyunturales. Puntualmente, en sus inicios fue más bien liberal sin imponer límites a las plantaciones y sin utilizar muchos instrumentos de intervención en los mercados. Desde 1978 tomó un rumbo más intervencionista y se fijaron prohibiciones a plantar y obligaciones para destilar los excedentes de producción.
A fines de los 80, se hicieron más fuertes los incentivos para arrancar viñedos. La reforma de 1999 pretendía lograr un mayor equilibrio entre oferta y demanda ante un mercado más exigente en cuanto a la calidad del producto. A su vez, hacía hincapié en la reestructuración y la reconversión de los viñedos en un contexto de mayor competencia internacional. No obstante, estas medidas no fueron suficientes para controlar el problema estructural del sector: la sobreproducción.
La OCM realizó una reforma que entró en vigor en agosto de 2008 y apuntó entre otros factores a aumentar la competitividad de los productores, recuperar antiguos mercados y ganar otros nuevos. Y entre ellas la prohibición de realizar plantaciones de viñedos, salvo que se disponga de un derecho de plantación, hasta el 31 de diciembre de 2015, con la posibilidad de que los Estados miembros puedan mantener esos derechos hasta el año 2018.
Otra cláusula fue el arranque voluntario o retiro de viñas, de tres años de duración, para una superficie total de 175.000 hectáreas y un presupuesto de 1.074 millones de euros. El firme objetivo fue retirar del mercado el vino de baja calidad y poco competitivo con destino al proceso de destilación subvencionada.
El productor recibe por ello una prima que se calcula en función del rendimiento de la parcela y es decreciente a lo largo de las tres campañas siguientes. Los Estados Miembros pueden interrumpir el arranque de viñas cuando la superficie arrancada suponga el 8% de su superficie vitícola total o el 10% de la superficie total de una región dada. Entrando en el último año de esta prohibición, el sector bodeguero y viñatero de Europa estaba preocupado por la liberalización de las plantaciones a partir del 2016.
Pero recientemente el Parlamento Europeo ha acordado introducir en la próxima reforma de la Política Agraria Común (PAC) la prórroga del régimen de derechos de plantación de viñedos hasta 2030, disponiendo de un nuevo sistema de permisos administrativos que entra en vigor el 1 de enero del 2016.
La medida fue recibida con beneplácito por los productores y asociaciones de profesionales vinculadas al sector, ante el temor que una liberalización de derechos de plantación pudiera hacer caer fuertemente los precios.
La gran diferencia es que las autorizaciones de plantación, a diferencia de los derechos, no serán transferibles y no tendrán valor económico como hasta ahora. Los viticultores que tengan derechos sin plantar en propiedad deberán solicitar su conversión en autorizaciones, y podrán hacerlo desde el 1 de septiembre del 2015 hasta el 31 de diciembre del 2020, aunque deberán ser conscientes de la fecha de caducidad de los mismos. Es decir que a partir de entonces sólo se podrá plantar viñedos con autorizaciones administrativas y sólo por la conversión de derechos sin uso en poder de viticultores a 31-12- 2015; por arranques y concesiones equivalentes, o por repartos de nuevas autorizaciones. Cada año, desde el 2017, se podrán repartir autorizaciones (gratuitas) hasta un máximo del 1% de la superficie vitícola del país, aunque podrían limitarse a cero a criterio del sector en las Denominaciones de Origen.
Los derechos se pueden vender en este año o se pueden convertir en permiso administrativo para plantar con posterioridad. El valor de mercado desaparecerá a partir de la fecha que se fije para la prohibición del comercio. Por citar un ejemplo, hoy en día, a un precio de 18.000 euros por hectárea, el valor en el mercado del “papel” que hay en la denominación Rioja sería de unos 1.134 millones de euros.
FOMENTAR EL ARRANQUE
Recordemos que los derechos de plantación se generan al recibir subvenciones de la Unión por arrancar viñedo. Ese arranque lleva aparejado mantener derechos sobre la viña propia con lo que el viticultor puede volver a plantar o vender los derechos a alguien que quiera hacerlo, casos ambos que obligan al propietario a devolver la ayuda. Además, en el caso de la venta, el nuevo propietario compra un derecho para plantar que puede ejercer en la zona que elija. Por ejemplo, compra en La Mancha o Murcia pero puede plantan en Rioja o Somontano, posibilidad que también generó polémicas políticas y tensiones interterritoriales.
Eso sí, el vendedor los pierde sobre su tierra con lo que no puede volver a plantar viña a no ser que adquiera otros derechos a otro vendedor. El sector vitivinícola, en general, se opone a que estos derechos se liberalicen porque supone el fin de esas ayudas al arranque, vía de ingresos de muchos viticultores en todo el país, que además acumulan un “capital” en forma de derechos que pueden vender a quien más les interese. De este modo que esos derechos de plantación se prorroguen hasta 2030 les supone un alivio.
Preocupa mucho las consecuencias que puede tener la liberalización de plantaciones sobre la estabilidad de los mercados. Se considera que el actual régimen de prohibición de plantaciones ha sido un elemento de capital importancia como factor estabilizador del mercado con un costo nulo. Pensar que la liberalización de plantaciones prevista va a incrementar la competitividad de los productores vitivinícolas comunitarios y equilibrar la oferta y la demanda no es realista. Si a pesar de la prohibición de plantaciones no se ha alcanzado un equilibrio en el mercado, su liberalización no hará sino agravar al desequilibrio existente, con el riesgo de destruir el tejido social de numerosas zonas rurales.
La liberalización puede acarrear que se abandonen explotaciones de viñedo de carácter familiar. Este fenómeno puede ser muy preocupante en regiones donde el 50% de la superficie del viñedo está en manos de productores particulares. La liberalización de plantaciones puede ocasionar una normalización progresiva de la producción, ya que es posible que los nuevos viñedos sean plantados mayoritariamente por las bodegas, que son los operadores de más potencial económico. De esta forma las bodegas tendrán una mayor capacidad de negociación frente a los viticultores proveedores de uva.
