La semana pasada, cuando el kirchnerismo —no sin alguna zozobra de último momento— logró aprobar en la Cámara de Diputados el paquete de leyes para motorizar la reforma de la Justicia, quedó al descubierto algo fundamental, sin vinculación directa con el propósito que había congregado allí a sus seguidores: cuán lejos está el oficialismo de los 2/3 de votos necesarios para poner en marcha la re-reelección de Cristina Fernández.
Mirada la cuestión desde una óptica atenida a lo que el FPV deseaba obtener en ese momento, fue un triunfo que ratificó el de la cámara alta. Aunque si se afina más la lente del análisis, cuanto se descubre detrás de las 132 voluntades que sentó el gobierno en el Congreso son las limitaciones indisimulables que arrastra si requiriese no una mayoría simple de 129 diputados sino una de 172.
Podrán argumentar las principales espadas del kirchnerismo, dentro y fuera del Parlamento, que la comparación predicha resulta arbitraria en razón de que se extrae una conclusión —en contra de las posibilidades de la actual presidente de extender su mandato más allá de 2015— de una votación que nada tiene que ver con el tema.
Es cierto que del hecho de haber sumado 132 presentes, dispuestos a secundar como un solo hombre los proyectos del Ejecutivo referidos a la Justicia, no se sigue —al menos no necesariamente— que andando el tiempo, en otro contexto y tratándose de otra cuestión —de mucha mayor trascendencia— el FPV no pueda hallar el modo de sentar a 172 representantes detrás de la convocatoria a una Convención Constituyente. Pero no es menos cierto el viejo adagio que reza: quien no puede lo menos, no puede lo más.
En realidad, lo que es menester entender de la disputa librada por el kirchnerismo y el antikirchnerismo desde principios de 2008 es que todo está relacionado con todo. No es legítimo, pues, analizar la reforma de la Justicia como si fuera un compartimento estanco respecto del plan reeleccionista, de los comicios legislativos de octubre o de la embestida contra Clarín. En la lógica de la Casa Rosada hay un hilo conductor que une, como partes de un todo —y no como todos aparte— a las distintas decisiones tomadas por Cristina Fernández.
Suponer que de buenas a primeras, en un arranque de creatividad, se le pueda haber ocurrido a Carlos Zanini, a Alejandro Slokar o a Alejandra Gils Carbó —sólo por nombrar a tres de los más granados integrantes del staff jurídico del gobierno— la idea de cambiar la constitución del Consejo de la Magistratura, el alcance de las medidas cautelares y los demás aspectos de la reforma conocida, sería ingenuo. Aquí hay una estrategia a la cual se subordina la totalidad de las políticas públicas del oficialismo: la reelección de la actual presidente.
De modo tal que no es una especulación caprichosa ni tirada de los pelos imaginar que si en punto a la reforma judicial —de suyo tan controvertida— el oficialismo sumó, haciendo esfuerzos sobrehumanos, 132 diputados, si se tratase el tema de la re-reelección —infinitamente más complicado y mayoritariamente rechazado por la población— los 2/3 comportarían una meta inalcanzable.
Además, el triunfo obtenido por el FPV en las cámaras admite dos interpretaciones diferentes: por un lado, están las leyes ya aprobadas y las que se aprobarán luego de pasar por el Senado; por el otro, a partir de su promulgación, ya se han abierto paso los pedidos a la Justicia para que las declare inconstitucionales. Con lo cual, el avance logrado en el Congreso bien puede convertirse en un revés si aquellas normas fuesen suspendidas hasta que la Corte Suprema dicte sentencia definitiva. Si, como todo lo hace preveer, las mencionadas leyes quedasen en una suerte de limbo por efecto de las medidas cautelares de uno o más jueces, el efecto deseado por el kirchnerismo no se produciría y de nada le habría servido el esfuerzo realizado.
Las incógnitas no terminan aquí. Está por verse la decisión respecto de la constitucionalidad o no del paquete recientemente votado y también es materia abierta a debate qué sucederá con la candidatura a diputado del hombre en cuyas manos está la suerte del kirchnerismo: Sergio Massa.
Para quienes crean que es una exageración lo expresado antes, conviene que reparen en este razonamiento: si el sueño de la re-re es directamente proporcional al resultado de las elecciones de octubre y éstas, para el oficialismo, dependen de cuanto acontezca en la provincia de Buenos Aires, perder por escándalo en el distrito electoral que concentra 39 % de los votos del país sería algo así como recibir un golpe de knock-out en plena mandíbula. Pues bien, no hay encuesta conocida en la cual el intendente de Tigre, cuando es medido entre los candidatos a diputados nacionales bonaerenses, tenga una intención de voto menor a 40 %. Lejos de cualquier otro contendiente, se trate de Francisco De Narváez o de Alicia Kirchner, en caso de que Massa fuese de la partida, encabezando un frente por afuera y en contra del oficialismo, la suerte del gobierno estaría echada: perdería la provincia de Buenos Aires, además de Mendoza, Córdoba, Santa Fe y Capital Federal.
Claro que éstas son especulaciones, pero una cosa es trazar un cuadro de situación con arreglo a situaciones futuras probables —el casi seguro triunfo de distintos partidos opositores en cuatro de los cinco grandes distritos electorales y el de Massa, en el mayor de todos— y otra es inventar escenarios —introduciendo de rondón, por ejemplo, a Cristina Fernández en las encuestas cuando es sabido que no será candidata. Hasta la próxima semana.
