Para evitar equívocos ulteriores partamos de esta base que contradice varios lugares comunes pero, aun así, hace pie en la realidad: la victoria —contundente, dicho sea de paso— de Hugo Chávez no le cambiará la vida a nadie en la Argentina y tampoco en Iberoamérica, excepción hecha —claro está— de Venezuela. Eso de que, cualquiera fuera el resultado de la elección, las consecuencias que arrastraría repercutirían, poco menos, en los rincones más recónditos del continente, llevaba implícita todas las características de las frases rimbombantespero, al mismo tiempo, vacías.
Ganó el Comandante. —Bien, ¿y qué? Si acaso en nuestro país fueran a substanciarse comicios presidenciales dentro de algunos meses, es probable que semejante victoria hubiese obrado aquí algún efecto secundario. No obstante, las próximas elecciones que se llevarán a cabo entre nosotros están planeadas recién para dentro de un año, y entonces nadie se acordará de Chávez.
Aun cuando resulten indisimulables las coincidencias entre el régimen de Caracas y el montado en estas playas por los Kirchner, y por mucho que se consideren Cristina Fernández y Hugo Chávez amigos personales y conmilitones ideológicos, ello no quita que las diferencias en punto a las respectivas sociedades —no ya a los gobiernos— sigan siendo grandes e inclusive, en ciertos aspectos, verdaderamente abismales.
Entre las cuatro administraciones subcontinentales que tienen en común sus preferencias populistas —Venezuela, Ecuador, Bolivia y la Argentina— pueden tejerse paralelos ciertos. Aunque es conveniente entender que, más allá de los puntos de contacto que pudiesen existir —y existen, sin duda— lo que nos pone a distancia sideral de Bolivia y de Ecuador es el carácter indígena de la mayoría de su población. En cuanto a Venezuela la diferencia, entre otras muchas —que no es del caso traer a comento— radica en lo siguiente: aquella es una sociedad quebrada en dos y enfrentada en todos los ordenes —como ocurrió en nuestro país entre 1945 y 1955, a caballo de la brutal divisoria de aguas generada por el primer peronismo— mientras aquí esa división tajante no existe.
Aunque Chávez desease intervenir en el Plata no podría hacerlo. Por de pronto le falta peso específico a los efectos de acometer una empresa de semejante naturaleza. Pero, además, seamos honestos: ¿para hacer qué? Tiene él, en su tierra natal, suficientes problemas irresueltos como para imaginar que la receta puesta en práctica en aquellas latitudes podría serle útil a Cristina Fernández para corregir los inconcebibles errores que lleva cometidos en el curso del último mes.
Una cosa es el tachín, tachín de los medios oficialistas que han aprovechado el revés de Capriles para emular a Chávez y lanzar sobre las banderías opositoras pronósticos agoreros, y otra la realidad en la que el éxito del comandante caribeño cuenta poco o nada. En atención, sobre todo, al hecho de que mientras Venezuela se preparaba para ir a las urnas, en Buenos Aires estallaba un motín tan atípico como demostrativo de la incapacidad para gestionar los asuntos públicos que carcome al kirchnerismo.
No hubo, claro está, nada parecido a una a esas sublevaciones militares en regla que jalonaron la vida política de los argentinos por espacio de algo más de medio siglo; o sea, desde 1930 hasta finales de la década del ’80. Nadie quiso deponer a las autoridades y nadie pensó seriamente en pintarse la cara. No ha sido el de los prefectos y gendarmes ni un golpe ni una chirinada de las que terminaban siempre sin pena ni gloria.
Hay dos dimensiones que es menester distinguir en el pronunciamiento que todavía no ha terminado: por un lado está la salarial, que fue el detonante de las medidas de fuerza que tomaron las dos instituciones de seguridad a mediados de la semana pasada. Por el otro, está la institucional. La primera se veía venir y sólo la tozudez, estulticia o falta de criterio de las autoridades nacionales pudo pasar por alto que si a un plantel profesional —cualquier que fuera su
naturaleza— se le rebaja el sueldo nominal en porcentajes de hasta 60 %, lo lógico es que ello genere una reacción acorde con la agresión a la cual se somete a sus integrantes. Eso fue lo que sucedió. Ni más ni menos. De no haber existido ese bendito decretopergeñado entre gallos y medianoche que le agregó a la distorsión salarial existente una dosis de desmesura pocas veces vista, las cosas no se hubiesen salido de madre. Pero Nilda Garré y Sergio Berni tienen cintura de madera. Aquélla, al parecer, estaba en la luna de Valencia cuando comenzaron las protestas. Éste, en cambio, que algo sabía, no supo adelantarse a la crisis que terminó dejando a los dos —a la ministro y al secretario— desnudos.
Con costo fiscal —que pagaremos todos, en mayor o menos medida— el problema inmediato tendrá solución. No así el origen de la distorsión que es producto del desdoblamiento —vía suplementos— de los sueldos del personal en actividad respecto del de los retirados, y también de la catarata de sentencias judiciales que se han amontonado en el curso de los últimos diez años y han transformado una dificultad seria en un problema sin salida definitiva.
La cuestión institucional corre por cuerda separada. Nunca antes hubo —en un país que de golpes, motines, asonadas y pronunciamientos castrenses puede dar cátedra— una protesta masiva de suboficiales cuyo propósito inicial era un reclamo salarial que pronto derivó en uno sindical.
Nunca antes —aunque el episodio no mereció los comentarios que merecía— un jefe de estado mayor —en este caso el almirante Paz— había sido abucheado por parte de sus subordinados. La cadena de mandos, tanto en la Prefectura como en la Gendarmería, si no está quebrada convengamos que se encuentra resquebrajada. El estado deliberativo en el cual se hallan las dos fuerzas de seguridad, unido al grado de indisciplina que fue moneda corriente en todos estos días, lo que ponen al descubierto es la quiebra del principio de autoridad. ¿Se puede recomponer? —Por supuesto, pero el costo a pagar no será menor y llevará tiempo.
El otro dato significativo que salta a la vista de cualquiera que no contemple la realidad con anteojeras, es la impotencia de un gobierno que, en sus años de mayor fortaleza, con Néstor Kirchner vivo, pasó por encima de las Fuerzas Armadas como si fueran alambre caído y ahora ha debido negociar y ceder a las exigencias de los integrantes de dos instituciones que habían sido las mimadas del régimen. Para el oficialismo la gravedad del caso no reside en un presunto complot orquestado contra Cristina Fernández y la democracia —eso sólo pudieron creerlo los diputados del arco opositor, campeones en el arte de comerse los amagues del Poder Ejecutivo Nacional— sino en el hecho de que, a esta altura de los acontecimientos, cualquiera se le anima.
Salvo los grandes empresarios —que temen las iras y los úcases de Guillermo Moreno y de Axel Kiciloff— y las Fuerzas Armadas —reducidas por el kirchnerismo a su mínima expresión posible— ninguna otra corporación, partido, grupo o sector representativo de la sociedad argentina le tiene miedo a la señora presidente y a sus laderos. De momento nadie ha dicho —para mencionar la leyenda de todos conocida— “el rey está desnudo” pero es del caso reconocer que es lo único que le faltaría a Cristina Fernández. Ya no genera temor —que lo digan, sino, los autoconvocados del pasado jueves 13 en todo el país y los suboficiales mencionados antes— y ha hecho el ridículo en más de una presentación en público. Falta el desnudo. Para eso —claro—todavía falta.
