Las autoridades provinciales informaron que entre enero y octubre la superficie afectada por incendios se redujo más del 80% en comparación con el mismo período del año pasado, al pasar de 102.337 a 17.545 hectáreas.
Pese a este dato alentador, las causas estructurales de los incendios siguen vigentes. Así lo advierte el Instituto Superior de Estudios Ambientales (ISEA) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), que identifica a los desmontes ilegales, la especulación inmobiliaria y las fallas en el cumplimiento de leyes clave como los principales factores que impulsan estos eventos.
Desde el instituto sostienen que la mayoría de los focos son provocados por actividades humanas orientadas a degradar el bosque nativo para cambiar el uso del suelo con fines productivos o urbanísticos. "Se trata de una práctica ilegal que vulnera la legislación vigente y compromete el futuro de los territorios rurales", remarcan. En este marco, destacan a Pocho y Minas como los departamentos más afectados, incluyendo áreas protegidas como el Parque Nacional Traslasierra y la Quebrada del Condorito.
En cuanto a los impactos, señalan la pérdida de flora y fauna, la degradación del suelo, la afectación de cuencas hídricas y, especialmente, los daños a comunidades rurales. "El fuego es un agente central en esa destrucción creadora con la que se convierten tierras consideradas improductivas en negocios inmobiliarios. No podemos naturalizar un modelo que hace del fuego una herramienta para transformar el territorio", advierten.
A este escenario se suma la falta de recursos para el control, sistemas de alerta debilitados y un financiamiento insuficiente para el Plan de Manejo del Fuego. "Cuando estas herramientas fallan, la sequía y el viento se vuelven un combo explosivo", alertan.
¿Cuál es la salida?
El ISEA destaca dos herramientas clave: la ley provincial de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (ley 9814), que prohíbe el uso del fuego para el cambio de uso del suelo, y la Ley Nacional de Manejo del Fuego (ley 26.815 y su modificatoria, la ley 27.604). Estas normas contemplan el Sistema Federal de Manejo del Fuego, prohíben el cambio de uso del suelo por 30 o 60 años tras un incendio, previniendo la especulación inmobiliaria, y establecen sanciones.
"Cumplir las leyes no es una opción: es la condición mínima para proteger lo poco que queda del bosque nativo en una provincia que apenas conserva el 3%", subrayan. Según el instituto, una política real de remediación y prevención requiere transparencia, participación ciudadana y una acción interinstitucional que ponga el foco en las lógicas estructurales que impulsan los incendios.
Plano nacional: incertidumbre
Con la disolución del fideicomiso para la administración del Fondo Nacional de Manejo del Fuego, a partir del Decreto Nacional 463/2025, desde el ISEA advierten falta de claridad respecto de las partidas futuras que se destinarán a la prevención. Asimismo, señalan manifestaciones públicas del Gobierno orientadas a modificar la normativa vigente, eliminando, en el caso de la ley 27.604, la restricción que impide el cambio de uso del suelo en territorios afectados por incendios.
"El fuego no solo arrasa hectáreas: también pone en evidencia qué modelo de desarrollo queremos y qué futuro estamos dispuestos a proteger", concluye el instituto.
