Luego de que la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) oficializara su adhesión al paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT), el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) y la Federación Sindical Marítima y Fluvial se unieron a la medida de fuerza. En este contexto, la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC) emitió un comunicado crítico tras el anuncio de paro realizado por las entidades.
Bajo el título "Adhesión al paro general", el SOEA San Lorenzo comunicó su "adhesión total al paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT), en firme rechazo a la denominada Ley de Modernización Laboral". Y sostiene: "Repudiamos enérgicamente esta mal llamada modernización que solo busca legalizar el retroceso laboral, la destrucción de miles de puestos de trabajo y el desmantelamiento de nuestra industria nacional".
En el mismo documento, la organización sindical afirmó: "No seremos cómplices del cierre de empresas ni de la falta de un plan productivo que condene al hambre a la clase trabajadora". Además, convoca "a todos los trabajadores aceiteros a defender nuestro CCT, su dignidad, su salario y a su familia en un cese total de actividades desde el primer turno del jueves 19 de febrero y/o ante el inicio del tratamiento de la Reforma Laboral en el Congreso".
En paralelo, la Federación Sindical Marítima y Fluvial recibió el respaldo explícito de la ITF, que representa a 16 millones y medio de trabajadores afiliados a 740 organizaciones en 150 países. En su declaración titulada "La ITF expresa su solidaridad con la Federación Sindical Marítima y Fluvial (FESIMAF)", el organismo internacional expresa su "firme apoyo y solidaridad con los trabajadores y trabajadoras afiliadas a la Federación Sindical Marítima y Fluvial (FESIMAF) ante la situación actualmente en desarrollo en la actividad marítima y fluvial".
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El documento de la ITF remarca: "El derecho de huelga no es negociable, constituye un derecho fundamental protegido por los marcos constitucionales y por los convenios esenciales de la Organización Internacional del Trabajo". Y enfatiza en su preocupación "ante el avance de iniciativas legislativas que buscan excluir al personal embarcado de la legislación laboral general bajo el pretexto de ‘modernización'".
Desde el plano internacional también se advirtió que "no hay modernización posible cuando se pretende retroceder en derechos". Para la ITF, colocar al personal embarcado "en un vacío normativo o degradar sus niveles de protección no traerá paz social ni competitividad, sino más conflicto, inseguridad jurídica y deterioro de estándares laborales".
Del otro lado de la mecha
Desde CIARA-CEC afirmaron que "el verdadero problema a resolver debería promover la formalización del mercado laboral, que podría duplicarse con una mejor legislación". Y respaldó la ley de modernización laboral que ya cuenta con media sanción.
Desde la cámara señalaron que la iniciativa "busca adecuar la legislación al futuro del trabajo en un mercado que cambia permanentemente como resultado de las nuevas tecnologías -que imponen nuevos oficios y habilidades- y de las nuevas tendencias sociales que renovaron las demandas de los jóvenes".
El comunicado también cuestionó la respuesta sindical al debate parlamentario. En este sentido expresaron: "Frente a ese debate, la única respuesta de algunos sindicalistas fue convocar a un paro. El sindicalismo que paraliza el país no ha realizado propuestas ni aportes concretos para preparar a los trabajadores para los próximos 5 o 10 años".
Además, advirtieron que "una medida de fuerza de este tipo impacta en toda la cadena productiva: comercios, transporte, servicios y economías regionales, que ven menguados sus ingresos ante la reacción corporativa sindical", en una actividad altamente integrada y estratégica para la economía nacional.
Paro al dueño de la ley
En este marco, un informe reciente de la Universidad Austral, analiza la evolución histórica de los paros generales en la Argentina. Y señala que estas medidas se han convertido en una herramienta recurrente de presión política y sindical frente a reformas estructurales impulsadas por distintos gobiernos. Según el informe, la frecuencia e intensidad de los paros tienden a incrementarse en contextos de cambios económicos profundos y de reconfiguración del mercado laboral.
El informe subraya que los paros generales no sólo generan un impacto económico inmediato, sino que también funcionan como señales institucionales que demuestran el grado de consenso o confrontación entre el Poder Ejecutivo y el movimiento obrero organizado. En este marco, el mandato de Javier Milei enfrenta el cuarto paro general desde su asunción en diciembre de 2023, convirtiéndolo en el tercer gobierno nacional con mayor frecuencia de paros generales.
Para el sector agroindustrial, la clave estará en cómo evolucione el tratamiento legislativo y si se abren instancias de diálogo que permitan reducir la tensión. En un país donde el complejo agroexportador es el principal generador de divisas y una gran fuente de empleo directo e indirecto, cada paro en el cordón industrial se convierte en un factor macroeconómico. El desafío será encontrar un equilibrio entre modernización, competitividad y garantías laborales, en un escenario donde las posiciones son más confrontativas que conciliadoras.
