La Cámara de Diputados de Brasil aprobó unas nuevas normas reguladoras de la actividad de los puertos que, según el Gobierno, ampliarán espacios para la inversión privada y permitirán modernizar la obsoleta estructura de los terminales.
La propuesta, que aún deberá ser sometida al Senado, fue volcada en lo que en Brasil se conoce como "medida provisional", un decreto dictado por el Gobierno que debe ser refrendado por el Parlamento 120 días después de su publicación para entrar definitivamente en vigor.
La tramitación parlamentaria encontró obstáculos y el plazo para que el decreto publicado hace cuatro meses sea aprobado vencerá el próximo jueves, por lo cual caducará si no es refrendado antes por la Cámara del Senado.
Para intentar evitar eso, tras ser aprobada por la Diputados, la propuesta será enviada de inmediato al Senado para que la tramite con carácter de urgencia.
Uno de los principales aspectos del decreto es que abre puertas a la inversión privada en los puertos públicos, hasta ahora objeto de severas restricciones.
Según las normas planteadas por el Gobierno, las concesiones de las operaciones portuarias para los inversores extranjeros pasarían a ser por un tiempo indeterminado, siempre bajo supervisión del Estado, lo cual altera la actual regla, que las limita a 25 años.
La propuesta cuenta con pleno respaldo del sector privado, que identifica en ella nuevos alicientes para la inversión, pero ha sido rechazada por algunos gobiernos regionales, que perderían poder sobre operaciones portuarias que les generan fuertes ingresos.
La iniciativa generó un fuerte respaldo en el sector privado, que ha denunciado la falta de eficiencia, antigüedad y los altos costes de los puertos brasileños y su negativo impacto sobre los niveles de competitividad de las exportaciones brasileñas.
Según cálculos del Gobierno, las nuevas normas pueden atraer inversiones privadas nacionales y extranjeras por 50.000 millones de reales (unos US$25.000 millones) en los próximos años.
