La Federación de Acopiadores de Granos denunció públicamente, mediante un comunicado oficial, una exigencia que caracterizó como "ilegal y abusiva", la cual podría alterar las reglas de comercialización de soja. La entidad sostiene que un grupo de empresas exportadoras multinacionales estaría comenzando a exigir información sensible de productores y acopios como requisito ineludible para concretar operaciones comerciales.
De acuerdo con la advertencia, estas compañías, a las que la Federación atribuye una posición oligopólica y dominante, pretenden imponer a acopios y cooperativas la obligación de informar datos de toda su cartera de clientes. Entre ellos se incluyen las hectáreas trabajadas por cada productor, el nombre del establecimiento, la localidad y provincia donde se ubica el campo, así como el número de RENSPA, aun cuando esas operaciones se realicen a través de intermediarios.
Exigencia que no se limita a los acopios
Según detalló la entidad, los propios productores que venden soja de manera directa también serían obligados a brindar información confidencial que excede ampliamente lo vinculado a una transacción puntual. Para la Federación, se trata de una intromisión sin antecedentes en la historia del comercio de granos del país. Y sostienen: "La excusa de un supuesto ‘road map climático' creado por las propias empresas no puede justificar una intromisión de esta magnitud".
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"En la historia de nuestro mercado de granos han existido múltiples discusiones y hasta presentaciones en organismos públicos sobre diversos aspectos relacionados con el comercio de granos y la actividad de las empresas exportadoras. Pero jamás pasó por la imaginación de alguien que la exportación pudiera llegar a exigir, coercitivamente, que los acopios y cooperativas les informen la cartera de sus clientes", señalaron desde la entidad.
En ese mismo sentido, la Federación también cuestionó el rol que pretenden asumir las exportadoras. "La exportación no tiene autoridad legal, moral ni comercial para erigirse en comisario de los productores argentinos". Y agregaron: "Estamos ante un intento evidente de apropiación de datos comerciales sensibles que apunta a eliminar en el tiempo a los acopios y cooperativas para ejercer un dominio total del mercado granario".
Desde el punto de vista operativo, la entidad también calificó la exigencia como inviable. Explicaron que resulta técnicamente imposible identificar con precisión a qué productor corresponde cada camión de granos que egresa de una planta de acopio, dado que la mercadería suele consolidarse y mezclarse en los procesos habituales de almacenamiento y despacho.
Una maniobra ofensiva, innecesaria e ilegal
La entidad definió la maniobra como ofensiva, porque vulnera el principio elemental de protección de datos comerciales y la confidencialidad de los clientes. Innecesaria, porque ya existen mecanismos confiables para responder a compromisos ambientales internacionales, como el sistema VISEC, que utiliza información encriptada y fue diseñado con participación del propio sector exportador. E ilegal, porque la exigencia violaría la Ley de Protección de Datos Personales N.º 25.326 y disposiciones del Decreto 274/2019 de Lealtad Comercial.
En ese marco, la entidad recordó que incluso los sistemas oficiales de registración vigentes, como SIO-Granos, preservan el secreto comercial de las operaciones. Por eso, sostienen que la pretensión de las exportadoras excede ampliamente lo que establece la normativa pública actual y contradice prácticas consolidadas del mercado. Y añadieron que resulta contradictorio que compañías que participan activamente de esquemas como VISEC impulsen un sistema paralelo que, lejos de fortalecer la trazabilidad, pone en riesgo tanto la confidencialidad comercial como la competencia.
Por último, la entidad informó que decidió hacer pública esta advertencia y comunicar la situación a organizaciones representativas de productores y corredores de granos, con el objetivo de coordinar un plan de acción conjunto que impida la implementación de estas exigencias. Y concluyeron: "La comercialización de granos en la Argentina se sostiene sobre reglas claras, competencia leal y respeto por la confidencialidad. Cualquier intento de concentración abusiva del mercado será enfrentado institucionalmente".
La creciente demanda internacional de trazabilidad y estándares ambientales no puede, según los acopiadores, transformarse en una herramienta para concentrar poder de mercado, a través de la violación de principios elementales como la confidencialidad de los datos comerciales y la competencia leal. Desde la entidad advierten que la exigencia impulsada por exportadores resulta ilegal y abusiva, no solo porque avanza sobre información sensible de productores y cooperativas, sino también porque desconoce la existencia de mecanismos ya validados, como el sistema VISEC, que permiten responder a compromisos ambientales sin exponer el secreto comercial. En este marco, la Federación sostiene que habilitar este tipo de prácticas implicaría un precedente riesgoso para el equilibrio del mercado granario.
