En una senda que transitó días atrás la bonaerense María Eugenia Vidal, también el Gobierno del peronista cordobés Juan Schiaretti aplicará en 2018 subas en el Impuesto Inmobiliario Rural, en un contrapeso -al menos en parte- de las importantes bajas que motoriza en Ingresos Brutos y, en menor medida, en Sellos.
La suba del Inmobiliario Rural en Córdoba incluirá en rigor un revalúo de tierras del orden del 25% (el segundo consecutivo, tras estar los valores congelados desde la década del noventa) y un aumento escalonado de la alícuota.
Esa combinación redundará en una suba de entre el 27% (para cerca del 60% de los casos, que son pequeños productores) y el 42%, mientras que en el caso del Inmobiliario Urbano el porcentaje está aún en análisis.
Entienden en el entorno de Schiaretti que el agro está en condiciones de hacer su aporte y cubrir cerca de una quinta parte de lo que Córdoba resignará tras el anuncio de la eliminación del cobro del Impuesto a los Ingresos Brutos de extraña jurisdicción, en línea con el pedido de Mauricio Macri de reducción de la presión tributaria de las provincias.
El costo fiscal del ajuste tributario cordobés para el año entrante serán del orden de los $2 mil millones.
El anticipo en Córdoba se dio de la mano de un encuentro que mantuvo el pasado lunes el ministro de Finanzas, Osvaldo Giordano, con la Mesa de Enlace provincial. El Gobierno de Schiaretti enviará la semana que viene el proyecto de presupuesto 2018 a la Legislatura.
El retoque recibió cuestionamientos desde filas de las entidades agrarias, aunque hicieron hincapié -ante el hecho consumado- en que el destino de la recaudación por este tributo apunte a financiar obras de infraestructura rural.
"Esperábamos a lo sumo un ajuste por inflación, e incluso con una inflación menor a la que está proyectando la Provincia, que es del 25%", señaló el titular de la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez), Gabriel De Raedemaeker, en declaraciones al diario La Voz.
Días atrás, Vidal envió a la Legislatura bonaerense el proyecto de presupuesto 2018 y su ley impositiva, que contempla un incremento del 50% en el Inmobiliario Rural, y del 56% promedio en el Urbano. La estrategia generó fuerte malestar en entidades agrarias locales.
